El Gobierno Nacional expidió el Decreto 658 del 13 de mayo de 2020, que permite aplazar hasta 2021 los periodos de pago de las contraprestaciones que deben hacer al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) los operadores de los servicios de televisión abierta radiodifundida, la radiodifusión sonora comunitaria y de interés público, y la televisión comunitaria sin ánimo de lucro.

Esta normativa hace parte de las medidas que adopta el Gobierno para apoyar a los sectores más afectados por la emergencia provocada por la pandemia del covid-19 y dispone acciones concretas para los agentes de telecomunicaciones que prestan servicios radiodifundidos y comunitarios.

Así mismo, se generan condiciones para que estos medios, que han visto afectados sus ingresos por la disminución de la actividad económica, sigan operando y protejan el empleo que generan en todas las regiones del país.

La norma, que fue anunciada por la Ministra de las TIC, Karen Abudinen, en el programa ‘Prevención y Acción’, que lidera el Presidente Iván Duque Márquez desde la Casa de Nariño, tiene en cuenta la difícil situación que atraviesan estos medios y la necesidad de disponer alivios para permitir que sigan informando a todos los habitantes del territorio nacional, especialmente en las regiones más apartadas, donde desempeñan un rol fundamental.

“Con esta medida vamos a proteger empleos y, en general, a los actores del sector que tienen grandes dificultades para mantener sus operaciones debido a las condiciones económicas que la emergencia les ha causado”, dijo la MinTIC.

Enfatizó que “de esta manera, lograremos seguir llevando la comunicación a todas las regiones del país, particularmente a aquellas más apartadas, donde estos medios tienen la mayor presencia; este es el Ministerio de la Equidad y las oportunidades”, dijo.

Adicionalmente, la norma habilita la financiación de líneas de crédito, fomento y fortalecimiento de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, hasta tanto permanezca vigente el Estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de modo que, con recursos del Fondo Único de TIC puedan generarse líneas especiales para el apoyo a estos medios.