Procuraduría suspendió temporalmente a los alcaldes de Sucre, Sucre y Cereté, Córdoba

En el caso de la alcaldesa de Sucre, Elvira Julia Mercado Acevedo, la suspensión es por tres meses del cargo por presunta omisión al cumplimiento de la orden presidencial de confinamiento obligatorio con el fin de evitar la propagación del covid-19.
El órgano de control busca establecer las faltas disciplinarias relacionadas con las denuncias hechas por veedores ciudadanos y medios de comunicación sobre la celebración, en medio del aislamiento obligatorio decretado por el Presidente de la República y adoptado por la gobernación y el municipio, de una fiesta entre el 3 de mayo de 2020 hasta el amanecer del 4 de mayo, en la que al parecer participaron servidores de la alcaldía y del Hospital Santa Catalina.
Se investiga a la mandataria local por presunta inobservancia de las ordenes de distanciamiento social y del no uso de elementos de protección, y por al parecer propiciar la circulación de personas que acudieron a la celebración, presuntas irregularidades que a juicio de la Procuraduría se tornan más reprochables aun, teniendo en cuenta el cargo y los deberes que tiene como alcaldesa municipal.
Sobre la medida cautelar de suspensión provisional, la Regional Sucre consideró que la permanencia en el cargo de la mandataria local posibilitaría la reiteración de la presunta falta disciplinaria, teniendo en cuenta que con el poder y las facultades que la investidura de alcaldesa le otorgan, podría eventualmente favorecer la reiteración las presuntas irregularidades investigadas.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública.
La investigada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.
CERETE, CORDOBA
En el caso del alcalde de Cereté, Luis Antonio Rhenals Otero, la suspensión también es por tres meses, medida que cobija también al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, por presuntos sobrecostos en la compra de 20 mil mercados por $500 millones, destinados a familias vulnerables del municipio por la emergencia del covid-19.

El Ministerio Público busca establecer si se seleccionó la oferta más favorable para el municipio y si se habrían vulnerado los principios de la contratación estatal como la transparencia, selección objetiva, responsabilidad y libre concurrencia.
La suspensión provisional de los funcionarios fue ordenada para evitar una posible reiteración en la comisión de la conducta investigada, ya que la emergencia por el covid-19 aún se encuentra vigente.
Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.