Por: Gabriel Echavarría Obregón
Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría.
Está claro que la COVID-19 no se va erradicar con aislamientos y cuarentenas. Es urgente abrir la economía y aliarse con el sector empresarial para encontrar soluciones innovadoras que permitan aplicar masivamente pruebas epidemiológicas y protocolos de bioseguridad para que la gente pueda volver a trabajar. La tasa de mortalidad según la OMS es del 0,7 %. Recientemente estudios de universidades en California señalan que dicha tasa puede ser incluso menor.

Muchos países que sacrificaron su economía para implementar medidas de confinamiento total de sus ciudadanos, están enfrentando nuevas olas de contagios del virus, y ahora han tenido que diseñar medidas similares a las implementadas por los países que desde el comienzo respondieron a la pandemia conjuntamente con el sector empresarial y que están demostrando ser efectivas.

En esta coyuntura crece a gran velocidad la amenaza contra la democracia liberal y la economía de mercado, producida por ideas populistas. En Colombia ciertos grupos están usando la crisis para reivindicar sus ideas contra el sector productivo y adoptando decisiones que ponen en peligro nuestra democracia. Muchos de estos actores de la oposición son políticos, funcionarios públicos o que viven de los recursos estatales, así que no se ven afectados por la parálisis de la economía. Muchas empresas de los sectores exceptuados, siguen cerradas por la falta de autorización de los gobiernos locales, lo que plantea serias dudas sobre la conveniencia de esta discrecionalidad.

Frente a esto el mensaje debe ser fuerte y claro:

el dilema de vida versus economía es falaz; sin una economía abierta y sin un aparato productivo funcionando con protocolos de bioseguridad, se ponen en riesgo muchas más vidas que las que pueden perderse a causa de la pandemia.

El país no se puede quedar indefinidamente sin servicio aéreo, ni transporte intermunicipal, condenándonos a volver a ser un país del tercer mundo. Sencillamente no podemos pasar del avión a la mula.

Los seres humanos estamos condicionados a reaccionar más fuertemente ante peligro inmediato que al riesgo inminente. Los gobernantes, no conscientes de los efectos económicos de sus decisiones, tienden a responder a las demandas de los ciudadanos, siempre y cuando con esto aseguren su futuro político. Para actuar no debemos esperar a que los puestos de trabajo se destruyan y se agoten las fuentes de ingreso.

Colombia ha sido reconocido por el buen manejo de la crisis, sin embargo, nos enfrentamos a la posibilidad de poner en riesgo el crecimiento de los últimos 20 años. De acuerdo a Fedesarrollo, “la economía colombiana se contraería en un rango entre -2,7 % y -7,9 % en 2020” y se proyecta que la tasa de desempleo fluctuará entre el 16,3 % y 20,5 %. El DNP estima que más de 15 millones de trabajadores se quedarán sin trabajo, de los cuales 9.5 millones son informales.

El Gobierno Nacional ha dispuesto transferencias monetarias a los más necesitados, apoyos con medidas fiscales y tributarias, subsidios a la nómina, y ha otorgando garantías a los créditos. Los paquetes de ayudas gubernamentales tienen un costo para el país en términos de deuda pública, inflación y la pérdida del estatus de grado de inversión.

Está ya comprobado que la única solución es el control vía pruebas de contagio y seguimiento del distanciamiento social organizado, para proteger la población activa.

SIN UN TEJIDO EMPRESARIAL SÓLIDO Y COMPETITIVO, NO HABRÁ INGRESOS QUE GRAVAR PARA FINANCIAR LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS. UN GIGANTESCO ESTADO DE BIENESTAR, INEVITABLEMENTE COLAPSARÁ AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS PARA FINANCIAR EL ASISTENCIALISMO.

Según estimaciones del DNP más de 3.7 millones de personas van a experimentar una degradación significativa de su nivel de ingreso, llevando a muchos a niveles de pobreza extrema. El hambre y el aumento de las necesidades básicas insatisfechas generarán violencia y aumentarán la criminalidad.

Por esta razón, vale la pena ver lo que otros gobiernos están haciendo para enfrentar la pandemia sin poner en riesgo la economía. Hay ejemplos como Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Suecia, Corea del Sur, Japón, y Alemania, que no cerraron totalmente sus economías y confiaron en la responsabilidad individual de sus ciudadanos.

Para que seamos exitosos en la nueva economía post COVID, tendremos que hacer esfuerzos colaborativos público-privados que privilegien la facilitación del comercio, la tecnología y la creatividad humana, y no medidas unilaterales de corto plazo.

La reactivación económica no puede ordenarse sólo por decreto, sino mediante la activa participación de empresarios y trabajadores.

Colombia deberá analizar las nuevas oportunidades de la economía global e identificar espacios de inserción en las cadenas globales de valor en las que efectivamente pueda ser competitiva, promoviendo por ejemplo el desarrollo de la producción agrícola, la cual le cumplió a Colombia durante la pandemia.

Si los trabajadores del sector rural pudieron continuar produciendo alimentos y tomando las medidas necesarias de autocuidado para evitar el contagio, hay otros trabajadores de sectores igualmente importantes a los que se les debe permitir los mismos derechos y oportunidades, con las medidas sanitarias adecuadas. El trabajo es la sangre que fluye por las venas de la economía y está comprobado ampliamente, por la experiencia histórica, que ningún gobierno está en capacidad de sustituirlo.

Estamos llamados a sacar la cabeza de la arena y a tomar decisiones basadas en los datos y la evidencia.