Sin embargo, se han encontrado problemas que persisten como el aumento de la violencia intrafamiliar y posibles daños psicológicos a niños por el confinamiento.

Así se evidenció en el desarrollo de la sesión formal de la Comisión de Derechos Humanos, que invitó a los representantes de organizaciones civiles, líderes sociales y entidades del Estado, con el objeto de verificar las acciones que se vienen desarrollando para responder a las quejas y denuncias expuestas por la vulneración de los derechos fundamentales ocasionados por la pandemia y que arrojó la respuesta positiva para algunos temas, mientras en otros se hace necesario más esfuerzos para cumplir con los objetivos.

Es así como el presidente de la Comisión, senador Edgar Palacio Mizrahi, (Colombia Justa Libre) invitó a los representantes del Ministerio de Interior, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación y Defensoría del Pueblo para conocer los resultados obtenidos de las gestiones propuestas en las pasadas audiencias públicas con las poblaciones y sectores que expusieron su problemática.

A su vez, el viceministro del Interior, Carlos Bahena, reiteró ante la Comisión de Derechos Humanos la gestión realizada para la atención con el aporte de 100 mil millones de pesos para fortalecer la Unidad de Gestión del Riesgo para llegar a sitios distantes y entregar las ayudas en mercados y elementos de protección sanitaria a comunidades indígenas y desarrollar actividades para ubicar y focalizar zonas distantes.

Igualmente señaló que la difícil geografía colombiana ha impedido que las ayudas lleguen rápido, especialmente en los pobladores en zonas distantes de áreas rurales, sin embargo se están haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a todos, reiteró.

Por su parte, la delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reveló que en materia de violencia intrafamiliar se han recibido desde el 12 de marzo, 23.182 denuncias por hechos que involucran a niños, niñas y adolescentes.

Las comisarías de familia han restituido los derechos de estos menores en 4.654 casos que han sufrido vulneraciones. Las zonas más afectadas de acuerdo con las estadísticas de Medicina Legal, son: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, reveló Juliana Cortés, directora de Protección de la Unidad de Niñez, quien señaló que el confinamiento obligatorio en viviendas es uno de los principales causantes de estas negativas conductas.

Agregó la funcionaria que otras repercusiones se vienen registrando en trastornos de ansiedad, violencia, depresiones y suicidios ante lo cual se están tomando medidas con especialistas, a través de las líneas de emergencia que vienen atendiendo los llamados de auxilio las 24 horas.

De otra parte, la delegada de la Defensoría del Pueblo coincidió en este triste tema de la violencia intrafamiliar al afirmar que para esa entidad le preocupa el aumento de las denuncias que se han recibido desde marzo con 831 casos, de los cuales 310 fueron mujeres agredidas, reveló Diana Rodríquez, de la Defensoría del Pueblo, quien agregó que también se han aumentado los casos de suicidio y feminicidios conocidos por esa entidad.

De otra parte expuso las dificultades que persisten en las comunidades indígenas ubicadas en los departamentos de Norte de Santander, Guajira y Cesar, donde las ayudas humanitarias del Gobierno no han llegado y es necesario que el Ministerio del Interior revalúe las acciones para que los alimentos y medicamentos como elementos de protección lleguen a esos pobladores, indicó Carmen Dávila, defensora Delegada de Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo.

Otra es la situación de los pacientes con enfermedades crónicas que se han descuidado por atender a los contagiados por el Covid-19, a quienes hay que garantizar su derecho a la salud y que tengan los servicios a pesar de la pandemia y clamó por proteger también al personal de salud que ha sido violentado por algunos por temor al contagio. “Ellos están atendiendo a todos a pesar del peligro que están corriendo y merecen respeto”.

Reacciones de los senadores

Ante el conocimiento de los avances logrados como mediadores entre las comunidades y el Gobierno, los integrantes de la Comisión de DD.HH. del Senado de la República expusieron otras recomendaciones que serán tramitadas para alcanzar otros objetivos.

“Necesitamos que este Gobierno, que lo ha hecho bien, siga en esa actividad para detectar comunidades, donde no han llegado las ayudas humanitarias para que les sean entregadas de manera oportuna y en especial niños. Esa es la gestión de DD.HH. para ayudar visibilizar sectores poblacionales, donde aún no cuentan con esos recursos”, recalcó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Agregó que otro tema inquietante es recomendar a las autoridades que se preparen para controlar la afluencia de venezolanos que hacen tránsito hacia su país como también los que se prevé regresarán y que debido a que no se tiene un control estricto, se convierten en vectores para contagio del Covid-19, como consecuencia de la no asistencia de salud en ese país. Medidas de protección urgentes para que todo lo que se ha alcanzado con los bajos contagios, no se pierda, recomendó.

Por su parte, la congresista del partido MIRA Aydeé Lizarazo manifestó que nuestro objeto hoy por hoy en derechos humanos es ser los canalizadores de las inquietudes de la ciudadanía y ayudar a gestionar soluciones ante las dificultades que viene ocasionando la pandemia para que el Gobierno conozca la situación de zonas distantes y acudir en su ayuda.

“Hay que hacer muchos esfuerzos para llegar a las comunidades y generar respuestas positivas, dado que persisten casos dramáticos por pérdida de empleos y de actividades, cuyos pobladores no tienen liquidez ni comida. También facilitar corredores humanitarios de estudiantes varados en varias ciudades y que no han podido regresar a sus hogares”, opinó la senadora Griselda Lobo (Farc).

Al finalizar la sesión, el senador Palacio Mizrahi señaló: “Vamos a solicitar al presidente Duque un trato especial para los niños en espacios amplios en parques para su desarrollo saludable, así como al Ministerio de Salud para el bienestar de los menores que se han convertido en víctimas por el encerramiento obligatorio por el Covid-19”.

Así mismo señaló que el Covid-19 ha revelado muchas falencias del Estado como la ineficiencia en el sistema de salud en cobertura y recursos para dotaciones y equipos, “pero también ha servido para ir mejorando muchas otras que se irán alineando y esta Comisión seguirá haciendo el seguimiento para proteger los derechos fundamentales de las comunidades y como puente ante el Estado para lograr esos objetivos”, concluyó.