–Por presuntos cobros excesivos en las tarifas en medio de la pandemia del Covid-19, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra empresas del sector eléctrico, lo mismo que contra la Superintendencia de Servicios Públicos y las comisiones reguladoras de energía y agua.

Los procesos disciplinarios cobijan a funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP (CHEC- GRUPO EPM), y el municipio de Santuario, Risaralda.

Así mismo, a Codensa y/o Enel por la facturación a los usarios de Bogotá de valores que no hacen parte del servicio, además de costos con incrementos que no estarían justificados.

Para ello, dio traslado a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa y/o Enel.

También dio traslado de la quejas contra Celsia S.A. ESP, en Tolima, porque al parecer, habría promediado el consumo a cerca de 60.000 clientes para fijarles una tarifa, que en muchos casos, superaría el 30%. Contra Electricaribe, en la Costa Atlántica, por presunto incremento exagerado en la facturación del servicio público de energía, entre los meses de marzo y abril de 2020.

Finalmente, remitió quejas contra funcionarios por determinar de Emcali, en el Valle del Cauca y las Empresas Municipales de Cartago, por presuntos cobros excesivos de los servicios de acueducto y energía, respectivamente.

También abrió una indagación preliminar por los incrementos en tarifas y cobros injustificados en servicios públicos, fundamentalmente acueducto y energía eléctrica, en medio de la pandemia por el, Covid-19 contra la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- y la Comisión Reguladora de Energía y Gas -CREG-.

En cuanto respecta a la Superservicios y las Comisiones Reguladoras de Agua y Energía, la Procuraduría notificó que busca establecer los controles y las actuaciones de la Superservicios y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios.

El Ministerio Público tratará de confirmar si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la Superservicios, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social.

Igualmente indagará si se previeron estrategias tendientes a garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia por el Covid-19.

La Procuraduría informó que ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.

El ministerio público advirtió que esta indagación se originó en las acciones disciplinarias desplegadas por el ente de control con fundamento en las quejas recibidas por presuntos cobros injustificados en la facturación de servicios públicos y hace parte de la vigilancia especial que adelanta el ente de control a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos domiciliarios.