Cerca de 200 menores en Ecuador, el 70% de ellos de sexo femenino, desaparecieron “voluntariamente” durante la emergencia sanitaria por “problemas sentimentales” o no poder superar la abstinencia de drogas y alcohol, pero en muchos casos también por ser víctimas de violencia intrafamiliar.

El coronel Rodrigo Javier Morales, director de la Policía especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), reveló a Efe que entre el 17 de marzo, un día después de que se declarara el estado de emergencia por COVID-19, y hasta el 7 de junio, se registraron 192 casos de “desapariciones voluntarias” de menores.

Este tipo de desapariciones se diferencian de las forzosas en que el menor se encuentra en paradero desconocido por sus familiares, pero no por una causa ajena a su voluntad en la que medie interés o extorsión.

Violencia intrafamiliar
En lo que va del año se han producido 1.276, una cantidad inferior respecto al mismo período de 2019, en que hubo 2.396 casos, pero las restricciones propias que ha impuesto la pandemia han limitado considerablemente la capacidad de movimiento y denuncia de los menores, lo que no implica una disminución en los abusos.

“Sobre violencia intrafamiliar, no podemos decir que haya disminuido. Lo que nosotros hemos podido analizar es que ha bajado la denuncia, más no la violencia”, subraya el responsable de esta fuerza de 700 agentes a nivel nacional.

De los desaparecidos investigados, el 70% fueron chicas que mayormente abandonaron sus hogares por razones “sentimentales”, aclara Morales al subrayar que “es lo que ha predominado en este último tiempo de pandemia”.

Interpelado sobre en qué contextos se encuadran estos sucesos, el coronel matizó que suelen ser adolescentes a las que generalmente “el novio les pide que vayan a su casa”.

De acuerdo a la Dinapen, estos casos se suman a patrones movidos por el maltrato psicológico y físico, un número considerable por influencia de amistades, problemas de conducta y de adicción.

La unidad tiene un alto índice de resolución de casos, en torno al 97,9%, aunque aún no han podido esclarecer 16 de ellos.

Por provincias, las de Guayas (Guayaquil), Pichincha (Quito) y Santo Domingo son las que más desaparecidos involuntarios registraron.

En los últimos meses también hay siete menores colombianos y venezolanos, algunos en situación de movilidad, precisó Morales.

El director del servicio ECU 911, Juan Zapata, reveló que durante la emergencia la entidad atendió 28.367 episodios relacionados con violencia intrafamiliar, lo que se traduce en 268 coordinaciones diarias, una disminución del 23% respecto a 2019.

“Los números no han reflejado todo lo que ha sucedido con esas desapariciones voluntarias”, consideró la presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, la concejala Gissela Chalá.

Su lectura es que se ha dado un “falso decrecimiento” de las denuncias por las propias restricciones y la falta de transporte en barrios populares, lo que debe ser tenido en los análisis.

La problemática, incluso por causa de adicciones, esconde detrás “un tema de maltrato infantil”, defiende Chalá, al apuntar que solo durante el primer mes de la emergencia se reportaron 667 tipos de agresiones dentro de los hogares contra menores.

En base a datos oficiales, durante la emergencia el Consejo ha contabilizado 1.290 niños y niñas contagiados por COVID-19 en el país, once suicidios de adolescentes y que, cada dos días, un o una menor es víctima de abuso sexual.

Cotidianidad del abuso
La concejala recalca que la “cotidianidad de la violencia” en toda Latinoamérica se empata con la corrección y la educación, y el hecho de que el 15% de las familias donde ha habido una agresión sexual infantil no la han denunciado.

“Cada semana 40 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en Ecuador. Existe un hilo muy fino en la naturalización de ciertas prácticas y los niños se enfrentan a la necesidad de que les crean, la vergüenza y las amenazas de sus agresores”, asegura.