La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al representante legal y presidente de Saludvida S.A. EPS, Juan Pablo Silva Roa, por presuntas irregularidades en la administración de más de $131.000 millones de pesos destinados a servicios de salud, bajo la figura de giros directos.

El Ministerio Público imputó tres cargos a Silva Roa. El primero está relacionado con un presunto uso indebido de $131.536 millones, girados a IPS bajo la figura de giro directo, entre enero de 2018 a enero de 2019.

Estos dineros habrían sido usados para la ejecución del Contrato de Administración de Recursos, suscrito entre la EPS y la Fundación Medico Preventiva para el Bienestar Social, y presuntos abonos a otros negocios jurídicos con IPS.

Para el ente de control resulta cuestionable que el representante legal al parecer utilizara la figura del giro directo, diseñada para agilizar la inversión de recursos públicos en servicios de salud y para garantizar la liquidez del sistema, con el objeto de obtener un flujo de caja que habría sido utilizado para cubrir créditos y compromisos económicos adquiridos con la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A., y las IPS Clínica Médico Quirúrgica S.A., Clínica de Especialistas María Auxiliadora SAS, Meintegral S.A.S., Integral Solutions SD S.A.S., House Care Medical IPS S.A.S., Clínica de Urgencias Bucaramanga S.A.S. y Medical Room Services MRS S.A.S.

En el segundo cargo, la Procuraduría le reprochó al investigado el presuntamente haber evadido los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para manejar los recursos con los que se financian los regímenes contributivo y subsidiado, trámites que determinan que el dinero debe ser recibido y administrado a través de cuentas maestras en entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Con esta conducta al parecer el disciplinado habría permitido que un tercero no autorizado y que no estaba bajo la vigilancia de la Superfinanciera, manejara los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, impidiendo un control de trazabilidad por parte del Ministerio de Salud.

Por último, se busca establecer si Silva Roa pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente haber privilegiado, durante el periodo comprendido entre febrero y octubre de 2018, con el pago de los servicios de salud realizados a través de la figura del giro directo a varias IPS que tienen la condición de accionistas, vinculados económicos o personas jurídicas que hacen parte del grupo empresarial al cual Pertenece Saludvida S.A. EPS, siendo la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A, la principal accionista del grupo.

Para el ente de control, el investigado pudo haber omitido el cumplimiento sus deberes y habría desconocido el principio de moralidad que rige la función pública.

Las presuntas faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.