En el Congreso comenzó el trámite de un proyecto de ley que pretende declarar que “la vida empieza desde el momento de la concepción”, iniciativa propuesta por las congresistas conservadoras Esperanza Andrade y Adriana Matiz, que busca eliminar la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo en situaciones ajenas a las permitidas por la ley desde el 2006: ser víctima de abuso sexual, casos de malformación del feto y cuando peligra la vida de la madre.

“La finalidad de este proyecto es defender la vida desde que se fecunda. Según la legislación actual, la vida existe cuando se nace y por eso ese vacío entre la fecundación y el nacimiento es el que ha entrado a suplir la Corte Constitucional, de manera que lo que estamos protegiendo es la existencia legal de la vida”, argumentó Esperanza Andrade.

Hace unos días, el Gobierno nacional dejó ver su posición frente al movimiento Causa Justa, principal promotor de la despenalización del aborto bajo cualquier circunstancia. Para el Gobierno, bajo el concepto del Ministerio de Justicia, con el apoyo del Ministerio de Educación, el primer argumentó para estar en contra de lo propuesto por el movimiento pro aborto tiene que ver con que, para hacer de su propuesta una realidad, tendría que modificarse lo estipulado por la Corte Constitucional en el 2006 que, permite la interrupción bajo las tres condiciones mencionadas anteriormente.

En el concepto que presentó el Ministerio de Justicia ante la Corte Constitucional se argumentó que, “la sociedad merece saber por qué sí resulta constitucionalmente razonable castigar, incluso penalmente, a quienes lesionan la vida de animales, pero no es posible imponer medidas sancionatorias destinadas a proteger la vida del humano no nacido, que, a pesar de no ser persona en el aspecto civil del término, sí sería, a partir de algún momento de su desarrollo, cuando menos un ser sintiente perteneciente a la especie humana”.

En un primer debate que generó este proyecto de ley, en la Comisión Primera del Senado de la República, se conocieron las opiniones de varios de los legisladores a favor y en contra de la medida.

Miguel Ángel Pinto, perteneciente al partido Liberal, explicó que, “los liberales protegemos los derechos de las personas, los derechos de todos los seres humanos y el mayor derecho que tiene una persona es el derecho a la vida. Los derechos tienen límites y los límites del derecho de una persona va hasta donde comienzan los derechos de los demás y los derechos que tienen las mujeres sobre su cuerpo nadie se los está cohibiendo”.

En la contraparte, Angélica Lozano, por el Partido Verde, aseguró: “no intentemos impedir el ejercicio de los derechos de millones de mujeres en Colombia. El aborto en Colombia es un derecho y por nada en el mundo permitiremos que sea una obligación”.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien mostró su empatía con el proyecto de mantener el aborto como un delito fuera de los factores permitidos, aseguró que “el propósito de este proyecto es que tengamos una discusión en torno a desde qué momento un cigoto en el vientre empieza a tener unos derechos que le permitan protegerse”.

Para Catalina Ruiz Navarro, cofundadora del grupo las Viejas Verdes, perteneciente al movimiento Causa Justa, que viene luchando contra la despenalización durante los últimos 20 años, afirmó que, “el hecho de que el aborto aún exista como un delito en el Código Penal, aunque con las causales dictadas por la Corte Constitucional como excepciones, manda un mensaje muy confuso a la ciudadanía, pues el aborto es a la vez un derecho fundamental y un delito, esto muestra una vocación del Estado hacia la criminalización de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y los grupos anti derechos aprovechan la ambigüedad para desinformar, crear y justificar más barreras de acceso a un aborto seguro para las mujeres y niñas en Colombia”.