-Matanza fue intencional y hasta ahora no ha habido justicia, afirma.
-Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos, precisa.

–- Un nuevo informe elaborado por expertos forenses a petición de Human Rights Watch señala que las muertes de detenidos durante un motín penitenciario que tuvo lugar en Colombia en marzo de 2020 habrían sido intencionales, indicó este martes la organización Human Rights Watch.

El 21 de marzo, 24 internos murieron y 107 personas resultaron heridas, incluyendo 76 detenidos y 31 guardias penitenciarios, cuando los guardias respondieron a un motín en la cárcel La Modelo en Bogotá, recuerda HRW.

El motín se produjo en el contexto de varias protestas en las cárceles del país en reclamo de condiciones adecuadas para prevenir la propagación del Covid-19.

Human Rights Watch señala que el Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (RCT) analizaron los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.

Reseña el informe que los expertos concluyeron que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”.

Los expertos agregaron que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.

“Este nuevo informe, basado en documentación oficial, indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales; sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”, agregó.

El IFEG es un órgano internacional conformado por 42 destacados especialistas forenses independientes de 23 países que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales. El IRCT es el principal centro mundial de investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la tortura y los maltratos. Es una coalición de 158 centros de rehabilitación en 74 países. El informe que encargó Human Rights Watch fue elaborado por Morris Tidball-Binz, Duarte Nuno Viera y James Lin.

El 21 de marzo, la ministra de justicia de Colombia, Margarita Cabello, manifestó que las muertes y lesiones se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un “plan criminal de fuga”. El 23 de marzo, el medio colombiano La Nueva Prensa publicó una grabación de audio de lo que parece ser una reunión entre Cabello y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) luego de los motines. Se escucha a Cabello decir que se “siente orgullosa” y que “agrade[ce] mucho” a los guardias penitenciarios por haber impedido la fuga.

En agosto, el Congreso nombró a Cabello como nueva Procuradora General. La Procuraduría General, que lleva adelante investigaciones disciplinarias de funcionarios públicos, está investigando las muertes en La Modelo. Cabello asumirá la nueva función en enero y existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés que limite las posibilidades de una investigación oportuna, eficaz e independiente sobre los hechos en La Modelo, dado su actual cargo como ministra y el hecho de que pareciera tener una opinión formada sobre lo sucedido.

Deben establecerse salvaguardias para asegurar que cuando Cabello asuma su nuevo rol como Procuradora General, la investigación sobre las muertes en La Modelo se lleve adelante de manera independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos, subrayó Human Rights Watch.

Los 24 informes de autopsia examinados por los expertos internacionales no anexaban fotografías, bosquejos, análisis de balística ni información de investigaciones en el lugar de los hechos. Human Rights Watch corroboró la autenticidad de los informes de manera independiente.

Diez de los 24 informes no estaban firmados, incluyendo dos que estaban marcados con la leyenda “borrador”. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron a los expertos forenses y a Human Rights Watch que no se habían presentado actualizaciones ni revisiones al 9 de noviembre. Los expertos no pudieron obtener ni consultar otra información, como informes médicos o investigativos acerca de presos que sufrieron heridas pero no fallecieron.

Los expertos indicaron que algunas de las autopsias describen lesiones recientes no letales producidas aproximadamente al momento de la muerte que no estaban relacionadas a las heridas de bala. No obstante, no fue posible concluir si los presos habían sufrido torturas u otros maltratos solamente a partir del análisis de los informes de necropsia disponibles.

En agosto, Human Rights Watch se reunió con el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, para conversar sobre diversos temas de interés, incluido el estado de las investigaciones al respecto de las muertes en La Modelo. En ese momento, el Fiscal Barbosa señaló que su entidad no había imputado a ninguna persona en relación con estos hechos. El Fiscal General sostuvo que los fiscales estaban impulsando tres líneas de investigación distintas sobre la instigación de los motines, las muertes y lesiones, y sobre si los guardias penitenciarios habían empleado fuerza excesiva. Al 13 de noviembre, aún no se habían presentado imputaciones en relación con las muertes o las lesiones, según autoridades de la Fiscalía. La Fiscalía manifestó a Human Rights Watch que los fiscales habían entrevistado a 300 de los más de 4.900 detenidos que habrían sido testigos de lo ocurrido, y aclaró que no había “desidia ni lentitud” en las investigaciones. La declaración sugiere que la Fiscalía General de la Nación prevé entrevistar a casi todas las personas detenidas en La Modelo, que según cifras oficiales de enero de 2020, aloja a 4.976 detenidos.

En abril, el Fiscal Barbosa señaló a los medios de comunicación que cabecillas del ELN y disidencias de las FARC habían instigado los motines en La Modelo. La Fiscalía aún no ha imputado a nadie en relación con estos delitos.

La Procuraduría General de la Nación tampoco ha logrado avances significativos. El 9 de noviembre, un alto funcionario indicó a Human Rights Watch que la institución estaba investigando los casos de muertes y lesiones, pero aún no había identificado a ningún guardia penitenciario presuntamente responsable. Este funcionario de la Procuraduría manifestó que una de las dificultades que planteaba la investigación es que los guardias no llevaron un registro de qué arma utilizó cada agente el día de los motines.

El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la vida y a la integridad física e impone a los gobiernos un mayor deber de cuidado con respecto a las personas bajo su custodia. Asimismo, los estándares internacionales exigen a las autoridades realizar investigaciones oportunas, imparciales y efectivas sobre las muertes o lesiones graves sufridas por personas bajo custodia. Lineamientos internacionales como los Principios de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego disponen que las armas de fuego sólo pueden ser utilizadas cuando ello sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Los miembros de la fuerza pública no deben usar armas en su trato con los detenidos salvo en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, o cuando resulte estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona que represente una amenaza grave para la vida y se resista a las autoridades.

“Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos”, explicó Vivanco. “Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en La Modelo”, concluyó.