Los familiares del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, interpusieron una acción de tutela ante la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Con dicho recurso legal buscan evitar que el líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, y el senador Carlos Antonio Lozada testifiquen ante el tribunal transicional.

En un principio, las audiencias estaban programadas para el 4 y 17 de noviembre. Las fechas se re agendaron por un recurso anterior de la familia del dirigente conservador y se cambiaron para los días 10 y 11 de diciembre, a las 9 de la mañana, en las instalaciones de la JEP en Bogotá.

Los representantes de las víctimas elevaron el recurso legal a través del movimiento Únete por Colombia, centro de pensamiento que ofrece litigio estratégico para ciudadanos. El centro del documento presentado es el hecho de que la JEP no ha abierto un macrocaso del magnicidio y otras muertes confesadas por el extinto grupo guerrillero FARC.

“Hasta el momento, la sala accionada no ha cumplido con el deber ni con las cargas procedimentales que le fija la ley antes de acometer actuaciones como la que pretende adelantar con los jefes de las FARC-EP antes señalados, en el entendido que, formalmente, la JEP no ha abierto un macrocaso de esta naturaleza”, indicó el documento, revelado por W Radio.

Los abogados no solo querrían evitar que se siga compareciendo al tribunal pactado en La Habana, sino que quieren que se declare a la JEP como estancia falta de competencias para el caso. La solicitud de la familia del dirigente conservador propone, en oposición, que se remitan las diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten el resto de investigaciones.

En el recurso, la familia expone que la JEP debe abstenerse a realizar diligencias en torno al caso, el cual, “además de ser un delito de lesa humanidad, cumple con todos los requisitos para ser priorizado y seleccionado dado su innegable representatividad y gravedad, cumpliendo con el deber legal que le incumbe acatar antes de realizar este tipo de actuaciones al margen del derecho”.

El recurso anterior

Por medio de un recurso, la familia de Álvaro Gómez Hurtado logró que se corrieran las fechas de las comparecencias por casi un mes por una supuesta violación al acceso a la información y verdad, por lo que le pidieron a la Jurisdicción que les dieran la información que los exguerrilleros suministraran sobre el crimen ocurrido en 1995 en Bogotá.

Por su parte, el la Jurisdicción dijo que “el recaudo de información por parte de JEP no invalida, ni afecta la actuación de la Fiscalía que puede valorar la información recaudada de acuerdo con sus propias hipótesis”, advierte la Sala de Reconocimiento. Además, precisa, la Fiscalía General “conservará la competencia en aquellos supuestos que no corresponden a la competencia de la JEP, ya sea por falta de relación con el conflicto o por terceros civiles que no se han acogido a la Jurisdicción”.

Por su parte, la familia de Álvaro Gómez rechazó la decisión de los exguerrilleros de no comparecer en calidad de testigos ante la Fiscalía aduciendo que los hechos se dieron en el marco del conflicto armado, lo que haría que la competencia directa del caso recayera sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. “Esta actitud renuente y sospechosa solo deja entrever la existencia de una estrategia para mantener en total impunidad el crimen del Dr. Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d), bajo el absurdo entendido que la JEP es su juez natural”, dijo la familia a través de Únete por Colombia. (Con información de Infobae)