–El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, convocó al Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, a sostener un espacio de diálogo con el Juez 11 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, para exponer los aspectos técnicos que motivaron la objeción al fallo de tutela que obliga a los viajeros que ingresan al país a presentar la prueba PCR negativa de Covid-19.

Como se sabe, el fallo de tutela ordenó restablecer las suspendidas pruebas PCR a viajeros internacionales que ingresen al territorio colombiano, pero el ministro de Salud en reiteradas oportunidades afirmó la imposibilidad de cumplir la providencia judicial.

“Una medida de cuarentena a 120.000 personas que viajan cada mes, implica efectos en salud mental y tranquilidad pública. Los colombianos tenemos un nivel de agotamiento en este sentido”, afirmó Ruiz Gómez.

El ministro anunció igualmente que el gobierno impugnaría el fallo de tutela argumentando que la medida judicial limita la capacidad, como autoridad de la salud pública, para para mantener una estrategia integral en un
tema complicado como lo es una pandemia del Covid-19.

“El fallo menoscaba la capacidad de decisión de la autoridad sanitaria, lo que es absolutamente crítico en un momento de pandemia”, complementó el alto funcionario.

Además el ministro ratificó que las pruebas PCR no tienen sentido cuando ya hay circulación comunitaria del virus, porque no es muy sensible en los primeros días de la infección, porque el viajero puede infectarse entre la prueba y el abordaje. En nada protege a la población local contra el virus, puntualizó.

En comunicación enviada al ministro Ruíz Gómez, el procurador Carrillo Flórez indicó que aunque se reconoce que las sentencias que conceden tutelas deben tener efectos inmediatos en los términos que lo disponga la decisión judicial, es necesario buscar un espacio que permita encontrar soluciones interinstitucionales que beneficien la salud de la población.

La convocatoria fue realizada en ejercicio de la función preventiva que cumple el Ministerio Público, independiente de la impugnación al fallo de tutela que pueda presentar el Gobierno nacional.

La Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, que adelanta la actuación preventiva, estará al frente de concretar el encuentro.