Le conceden libertad en periodo de prueba al hacker Sepúlveda
El juez 22 penal del circuito de Bogotá ordenó concedió este viernes la libertad bajo periodo de prueba al hacker Andrés Sepúlveda, quien fue condenado en 2015 a 10 años de cárcel por su responsabilidad en las interceptaciones ilegales durante las negociaciones de paz y las elecciones presidenciales de 2014.
El juez del caso concedió el beneficio a Sepúlveda, al advertir que el experto en informática ya cumplió tres quintas partes de la pena.
Ahora, Andrés Sepúlveda deberá cumplir un periodo de prueba de 36 meses y 18 días —el tiempo que le falta para completar los 10 años iniciales— en los que demuestre buen comportamiento.
La decisión judicial se presenta cuatro meses y seis días después de que el mismo juzgado revocara un auto expedido por el juzgado 15 de ejecución de penas, en el que se le negaba la petición de libertad condicional al “pirata informático”, que pagaba una pena por delitos de acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos agravado, uso de software malicioso de instrumento privado y espionaje, impuesta por el mismo juzgado que acaba de dejarlo en libertad.
En el documento de 21 páginas que ratifica la decisión, publicado por W Radio, puede leerse que la decisión se toma en concordancia con los requisitos exigidos el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la ley 1709 del 20 de enero de 2014, junto con las condiciones del artículo 471 del CPP, donde además de las tres quintas partes de la pena, también se habla de no haber sido condenado por daños y perjuicios.
Además, la misma decisión reconoce que Sepúlveda no tiene sanción disciplinaria alguna y que, incluso el centro penitenciario donde pagaba condena, es decir la Cárcel La Picota, “conceptuó favorablemente la libertad condicional del interno”. Otros factores incluyen la capacidad del padre del hacker, Moisés Sepúlveda, para apoyarlo en su proceso de reinserción social.
Andrés Sepúlveda fue capturado el 6 de mayo de 2014 en una oficina en el norte de Bogotá bajo la sospecha de obtención ilegal de información confidencial, relacionada con dirigentes políticos, guerrilleros de las Farc y funcionarios del Gobierno Nacional de la época, relacionados con los diálogos de paz.