Policías cobraban a reclusos por permitir fiestas, drogas e ingreso de prostitutas a URI de Valledupar
Los agentes, Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, Ellevis Luis Alarcón Riviera y Edwin Calderón Vargas en las últimas horas fueron privados de su libertad por hechos relacionados con corrupción dentro de la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar, ubicada en el barrio Dangond de la capital del Cesar.
La investigación fue realizada por la seccional 12 de la Fiscalía desde enero y hasta noviembre de 2020. En el expediente que entregaron los investigadores de la institución aseguraron que los agentes establecieron la exigencia de dinero a los reclusos de la URI para garantizarles comodidad en el lugar, sexo entre ellos o externos, con hombres o mujeres.
Según lo que pudieron comprobar los investigadores, cuando los reclusos querían tener fiestas y encuentros sexuales con personas externas, como prostitutas, ellos les ayudaban a ingresar a estas personas camuflándolas bajo títulos de abogados u otros reclusos. De la misma forma, los policías se encargaban de ingresar celulares, licor y drogas para el desarrollo de fiestas.
La directora de Fiscalías en Cesar, Lucila Vidal Luque, explicó que los agentes “exigían sumas de dinero a personas recluidas a cambio de beneficios como comodidad al interior de la celda, tener relaciones sexuales entre internos, permitir el ingreso de personas externas, ingreso de celulares y realización de fiestas privadas”, así lo explicó noticias Caracol.
“También se autorizó el ingreso de mujeres ajenas a la URI para que sostuvieran sexo con los detenidos por el término de dos horas y a cambio recibían una suma por una $100.000 y permitían que las mujeres sostuvieran sexo con los hombres”, agregó el delegado de la Fiscalía.
La investigación, además reveló que los sitios donde los policías permitían tener relaciones sexuales a los reclusos eran los pasillos, oficinas de custodio y también en las salas de audiencias virtuales; sin embargo, por estas últimas la cuota subía a $200 mil pesos.
Los delitos por los que fueron capturados estos agentes contemplan concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, constreñimiento a la prostitución y tortura, ya que, se descubrió también que a cambio de $300 mil pesos, el agente Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, organizó todo para que un recluso fuera trasladado a una celda específica y fuera torturado.