El Gobierno Nacional expidió un protocolo por medio del cual conmina a la Policía Nacional a evitar el uso máximo de la fuerza en las protestas sociales, a utilizar las armas menos letales posibles y no emitir opiniones que propicien prejuicios acerca de los manifestantes.

El protocolo, denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, fue decretado el 5 de enero por el Ministerio del Interior, luego de que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fallara en septiembre pasado sobre la intervención “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública” en las protestas pacíficas ocurridas en el país ese mes y a finales de 2019.

Según el documento, las autoridades de la rama ejecutiva deben promover y privilegiar el diálogo durante las protestas, al tiempo que ratifica que los gobernadores y alcaldes deben disponer el acompañamiento a las marchas con agentes de la Policía Nacional, pero también con gestores de convivencia y funcionarios delegados.

Asimismo, resalta que el objetivo es que la policía actúe en las manifestaciones con base en las legislaciones nacionales e internacionales, por lo que sus integrantes deben continuar su formación en derechos humanos, normas sobre el uso de la fuerza, código de conducta, empleo de armas y dispositivos menos letales.

El decreto también advierte que el uso de la fuerza será el último recurso que se aplicará para proteger la vida de las personas, incluida la de los policías.

Uno de los puntos más destacados sostiene que la policía sólo puede usar las armas, dispositivos y elementos menos letales que le son entregados a los agentes como dotación, y que los métodos usados en las manifestaciones públicas estarán ligados a la intensidad, peligrosidad y la forma de proceder de los individuos, entre otros.

El texto señala que “el personal uniformado de la Policía Nacional, que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas, no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio”.
Al respecto refiere que “en todo caso el medio elegido por parte de la autoridad de Policía para su aplicación debe ser el que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas”.

Sin embargo, el decreto sostiene que la policía podrá diferenciar entre quienes ejercen el derecho a la protesta de manera pacífica y quienes cometan actos de violencia que pongan en peligro los derechos fundamentales, lo que permitirá guiar la actuación de los agentes y el excepcional uso de la fuerza, que en todo caso estará enfocado en contra de los violentos.

El documento advierte que en esos casos los agentes deberán avisar del uso de la fuerza a los presentes en los lugares de manifestación.

ESMAD

Otro de los puntos que se destaca en el texto, de 38 páginas, es que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía será usado como último recurso para controlar la violencia y que sus integrantes se ubicarán en sitios clave que permitan un accionar oportuno.

Al final de cada manifestación, sostiene el decreto, los agentes del Esmad deberán presentar un informe a sus superiores de lo ocurrido en la jornada.

La medida busca atenuar los reclamos de los manifestantes, que sostienen que el Esmad es un cuerpo policial que abusa de la fuerza, por lo que en manifestaciones anteriores exigieron que fuera desmontado.

Por último, el decreto pide a los uniformados abstenerse de realizar pronunciamientos o realizar conductas que propicien prejuicios, discriminen, deslegitimen o descalifiquen a quienes ejercen su derecho a la protesta social.

Bogotá y el municipio vecino de Soacha fueron epicentro de manifestaciones violentas en las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 a raíz de la muerte del taxista Javier Ordóñez, de 45 años, por parte de dos patrulleros de la policía, quienes le propinaron varias descargas eléctricas con una pistola tipo Taser en una calle de la capital colombiana.

Durante las manifestaciones se registraron al menos 13 muertos, 209 civiles heridos, 53 estaciones de policía vandalizadas en Bogotá —22 de ellas incineradas—, además de diez autobuses quemados y sedes bancarias destrozadas.