Nuevo informe de la ONU sobre Acuerdo de Paz en Colombia: 248 excombatientes de Farc han sido asesinados
Así lo reseña el informe presentado este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU por la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020.
Según el documento, desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 248 asesinatos de excombatientes (incluidas 6 mujeres), 21 de ellos en el período sobre el que se informa (incluidos los de 2 mujeres, 3 indígenas y 2 afrocolombianos) y un total de 73 en 2020, así como 55 intentos de homicidio (incluidos los de 3 mujeres) y 20 desapariciones (todas ellas de hombres).
Advierte que las amenazas de grupos armados ilegales están llevando a excombatientes a abandonar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y las nuevas áreas de reincorporación colectiva en varias regiones.
Precisa que se ha reubicado a 191 excombatientes con el apoyo del Gobierno. No obstante, añade, en algunos casos los excombatientes no notifican su decisión de irse por miedo a que aumenten los riesgos para su seguridad. En muchos casos sus familias, incluidos hijos y cónyuges, se quedan atrás, con poco apoyo institucional.
Advierte en particular que las condiciones de seguridad de los excombatientes y las excombatientes en la zona fronteriza entre los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare se han deteriorado considerablemente en los últimos meses.
“Aprovechando que la presencia del Estado es limitada, grupos disidentes de las FARC-EP han ampliado su ámbito de actuación y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales, poniendo así en peligro el proceso de reincorporación. Varios dirigentes locales de FARC se han ido de la zona por motivos de seguridad y se han mostrado reacios a regresar, precisa el informe.
Los siguientes son otros apartes fundamentales del documento presentado al Consejo de Seguridad por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia Carlos Ruiz Massieu, que incluye las recomendaciones que formula al gobierno del presidente Iván Duque:
El Ejército y la Policía Nacional siguen proporcionando protección alrededor de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Estos despliegues han contribuido a la protección de excombatientes en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación: desde la firma del Acuerdo Final solo se han registrado dos asesinatos en ellos. Aproximadamente el 35 % de los asesinatos ocurridos en 2020 tuvieron lugar en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones, en torno a las cuales no hay despliegues de seguridad específicos.
En el período sobre el que se informa, la presencia de la Fuerza Pública se ha reforzado en los antiguos espacios territoriales ubicados en municipios donde se están dando enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y grupos armados ilegales.
Ataques contra líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y comunidades afectadas por el conflicto.
En el período sobre el que se informa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió información de 42 asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sociales (1 documentado y 41 en proceso de verificación), con lo que este año suman en total 53 asesinatos verificados (incluidos los de 11 líderes indígenas y 2 líderes afrocolombianos), 5 de ellos de mujeres, y 74 casos en proceso de verificación.
Desde la firma del Acuerdo Final, el ACNUDH ha reportado 378 asesinatos (incluidos los de 44 mujeres, 6 personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), 69 líderes indígenas y 15 líderes afrocolombianos).
En el período sobre el que se informa, el ACNUDH ha reportado también 13 asesinatos de numerosos civiles, mientras que otros 10 incidentes están en proceso de verificación.
En 2020 han sido asesinados 269 civiles, incluidos 24 niños y niñas y 19 mujeres, en 69 incidentes de este tipo.
Los ataques contra lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos siguen dificultando que participen en la implementación del Acuerdo Final y en la construcción de la paz en general. Por ejemplo, en diciembre, la organización Mujeres Andinoamazónicas dejó de participar temporalmente en la Instancia Especial de Género por los ataques que está recibiendo su representante y las limitadas garantías de seguridad que existen para su participación. En noviembre, de acuerdo con el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección presentó un nuevo protocolo para el análisis de riesgo con enfoque de género; han solicitado contribuir a él grupos de la sociedad civil y de mujeres. Sigue siendo necesario avanzar más en la implementación del resto del plan de acción del Programa Integral.
Los ataques contra excombatientes, líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y comunidades siguen concentrándose en zonas rurales con una presencia del Estado limitada, actores armados ilegales, economías ilícitas y un grado elevado de pobreza. De los asesinatos de excombatientes ocurridos en 2020, el 75 % tuvieron lugar en zonas rurales, el 75 % en municipios con cultivos ilícitos y el 72 % en municipios donde se están implementando programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). El 78 % de los asesinatos de líderes sociales y defensores y defensores de los derechos humanos tuvieron lugar en zonas rurales, el 98 % en municipios con economías ilícitas, en especial producción de drogas y minería ilegal, y el 45 % en municipios PDET. En municipios con características similares, actores humanitarios reportaron que la violencia de los grupos armados ilegales está afectando a las comunidades, como atestigua el aumento de los indicadores de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado y violencia sexual.
La violencia se concentra en departamentos específicos. En 2020, el mayor número de asesinatos de excombatientes se ha registrado en el Meta (11), el Valle del Cauca (8), el Cauca (8), el Chocó (7), el Putumayo (7), y Nariño (6), mientras que el mayor número de homicidios de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos se ha registrado en el Cauca (12), Norte de Santander (9), el Putumayo (8), el Valle del Cauca (5) y el Chocó (4). Este año han sido municipios del Chocó, Antioquia y el Cauca sobre los que más alertas tempranas ha emitido la Defensoría del Pueblo. La concentración de la violencia en estos departamentos pone de manifiesto que es importante adoptar estrategias adaptadas para mitigar los riesgos y atender las necesidades específicas de estas zonas.
Cuatro años después de que dejaran las armas, más de 13.000 excombatientes (el 23 % de los cuales son mujeres) siguen comprometidos activamente con el proceso de reincorporación, y el Gobierno y FARC siguen trabajando juntos, por ejemplo en el seno del Consejo Nacional de Reincorporación, para superar los desafíos que surgen en el proceso.
Uno de los principales desafíos que enfrenta Colombia es cerrar la brecha relativa a la presencia integrada del Estado que existe desde hace tiempo entre las zonas urbanas y rurales, especialmente las afectadas por el conflicto.
El Acuerdo Final estableció objetivos y programas dirigidos a cerrar esta brecha, como los PDET, cuya finalidad es llevar infraestructura y servicios a las zonas rurales, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, encaminado a mejorar la seguridad de las comunidades que siguen viéndose golpeadas por la violencia, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, cuyo objeto es dar a las familias alternativas viables para que abandonen las economías ilícitas.
Aunque el Gobierno ha reiterado su compromiso con los tres programas, es importante que se mantenga el impulso y se faciliten recursos adecuados para poder hacer realidad plenamente el potencial de estos instrumentos.
Observaciones
Para Colombia y el mundo entero, el año 2021 estará marcado por los esfuerzos de recuperación tras la pandemia de COVID-19. Insto una vez más a los colombianos y colombianas a que consideren la implementación integral del Acuerdo Final como parte de esos esfuerzos. El Acuerdo Final proporciona instrumentos para brindar oportunidades de desarrollo, seguridad y paz a las comunidades que fueron más afectadas por el conflicto y que se han visto afectadas ahora por la pandemia.
La reunión del Presidente Duque con excombatientes en noviembre fue un paso positivo en el diálogo constructivo entre las partes sobre medidas concretas para abordar los problemas que enfrentan el proceso de reincorporación y las garantías de seguridad para excombatientes. Confío en que las instituciones gubernamentales pertinentes harán todos los esfuerzos necesarios para implementar los compromisos asumidos por el Presidente Duque en la reunión.
Teniendo en cuenta esos compromisos, y en el contexto de las prioridades para la implementación señaladas en el presente informe, mis observaciones están enfocadas en recomendaciones concretas para lograr avanzar en estas prioridades, especialmente en el corto plazo.
La violencia continua en varios departamentos —producto de la limitada presencia del Estado, las economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales, exacerbadas por los altos niveles de pobreza— tiene un efecto directo y dañino sobre el proceso de reincorporación, la implementación del Acuerdo Final y, más en general, la construcción de la paz. A fin de mejorar la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto, se requieren avances simultáneos en varios frentes, a saber: mejores medidas de protección para las personas y comunidades que están siendo atacadas; acciones efectivas contra los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales responsables de gran parte de esta violencia; y asegurar que las personas y los actores responsables sean llevados ante la justicia.
En materia de protección, para poder evitar los asesinatos de más excombatientes es necesario asegurar la dotación completa de personal de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección. También es importante asegurar que las excombatientes tengan igual acceso a los esquemas de protección, en particular mediante la plena implementación de la circular interna de la Unidad Nacional de Protección sobre el uso equitativo de los esquemas de protección colectiva por parte de hombres y mujeres.
Dada la creciente vulnerabilidad de los excombatientes y las excombatientes fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, es fundamental fortalecer las medidas de protección y seguridad adaptadas a las circunstancias específicas de esta población. Es clave adoptar una estrategia enfocada en brindar seguridad a las nuevas áreas de reincorporación, entre otras medidas a través de despliegues efectivos de la Fuerza Pública alrededor de esas áreas. Una vez más, insto a todos los actores a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en particular a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.
Está pendiente desde hace mucho tiempo la elaboración de una política pública para el esmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, cuya formulación es el mandato principal de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Reconozco el trabajo preparatorio que han realizado hasta ahora sus subcomisiones y coincido con los miembros del Consejo de Seguridad en instar una vez más a la Comisión a que adopte prontamente la política pública, teniendo en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil.
Es clave reforzar el apoyo a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y a las entidades judiciales locales para lograr llevar ante la justicia a las personas responsables de las amenazas y los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de excombatientes. Ese apoyo debe incluir esfuerzos adicionales para enjuiciar y condenar a los autores intelectuales de esos crímenes, lo cual es crucial para desmantelar las organizaciones criminales que están detrás de esta violencia. La Fuerza Pública también tiene un papel importante que desempeñar para ayudar a la Unidad Especial de Investigación a ejecutar las órdenes de captura y para brindarle acceso oportuno a las escenas del crimen y a información relevante.
En cuanto al proceso de reincorporación, acojo con satisfacción los esfuerzos del Gobierno por avanzar en la compra de tierras para los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y espero que este impulso continúe para los antiguos espacios territoriales restantes.
Confío en que el compromiso del Presidente Duque de acelerar el acceso a la tierra para excombatientes, entre otras cosas para proyectos productivos, se traducirá pronto en resultados positivos adicionales. Además, aliento a las partes a que avancen en la búsqueda conjunta de soluciones permanentes de vivienda, entre otras medidas estableciendo una mesa de trabajo sobre vivienda en el seno del Consejo Nacional de Reincorporación.
La decisión de las partes de celebrar sesiones del Consejo a nivel regional también es bienvenida y es una oportunidad para escuchar directamente las preocupaciones de los excombatientes y las excombatientes, incluidos los que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y para definir planes de acción a nivel local que tengan claros compromisos, responsabilidades, recursos y plazos y que garanticen también que las comunidades locales se beneficien del proceso.
Es clave asimismo asegurar que el Consejo Nacional de Reincorporación se enfoque más en medidas para apoyar la sostenibilidad a largo pla zo de los proyectos productivos, en particular a través del fortalecimiento de la asistencia técnica y un mayor acceso a los mercados, así como la implementación de medidas para aumentar la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones.
Por último, es importante garantizar que los excombatientes y las excombatientes que han tenido que reubicarse por motivos de seguridad sigan recibiendo apoyo institucional.
Insto una vez más al Gobierno y a FARC a que trabajen juntos para avanzar en las disposiciones sobre género de la política nacional de reincorporación, en particular mediante la asignación de los recursos técnicos y financieros necesarios. Dadas las dificultades que enfrentan los excombatientes y las excombatientes indígenas y afrocolombianos, el Consejo Nacional de Reincorporación debería considerar debidamente la recomendación de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos de crear una mesa de trabajo sobre temas étnicos. Confío en que el equipo técnico sobre juventud del Consejo Nacional de Reincorporación finalizará pronto la ruta de reincorporación para jóvenes excombatientes, tras las consultas que se han celebrado en los territorios. También invito a todos los actores a reforzar medidas que faciliten espacios para promover una mayor participación de las personas jóvenes en los esfuerzos de consolidación de la paz y de reconciliación.
La consolidación de la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto sigue siendo una condición necesaria para lograr una paz duradera y el desarrollo sostenible. La implementación continua de los PDET traerá inversiones muy necesarias para estas comunidades, especialmente en el contexto de la recuperación tras la pandemia. Será importante que los comités técnicos del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios continúen avanzando durante 2021 en las iniciativas piloto en las regiones con el fin de fortalecer las capacidades locales de resolución, prevención y respuesta a los conflictos.
También es clave asegurar el éxito de la próxima fase del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, a saber, brindar oportunidades lícitas y sostenibles de generación de ingresos a las familias participantes para que su transición hacia el abandono de las economías ilícitas sea completa y sostenible.
Finalmente, es fundamental asegurar la complementariedad entre estos programas, y entre ellos y el resto del Acuerdo Final, incluido el proceso de reincorporación.
El diálogo constructivo entre el Gobierno y FARC sobre la implementación del Acuerdo, a nivel político y técnico, ha demostrado ser eficaz para superar desafíos en diversos temas. En ese espíritu, aliento a las partes a que continúen las discusiones en la mesa técnica tripartita sobre los bienes de las antiguas FARC-EP.
Es de interés para las víctimas, con miras a asegurar su derecho a la reparación, que el Gobierno y FARC continúen trabajando de manera conjunta y hagan todos los esfuerzos posibles por encontrar formas de cumplir ese compromiso. Como siempre, la Misión está dispuesta a prestarles ayuda. De manera similar, insto a las partes a que utilicen plenamente la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final para mantener discusiones sustantivas y acordar soluciones concretas.
La justicia transicional está en el corazón del proceso de paz y de sus posibilidades de llevar a Colombia de un conflicto violento a un futuro pacífico.
El innovador Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de Colombia fue diseñado para garantizar derechos y reparaciones a las víctimas, brindar espacios para que la sociedad logre reconciliarse con su pasado y asegurar que los crímenes cometidos durante el conflicto no se repitan nunca. En 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz impondrá sus primeras sanciones y la Comisión de la Verdad tiene programado emitir su informe final. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas continúa determinando el paradero de víctimas del conflicto.
Por lo tanto, es más importante que nunca que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades, que todas las instituciones cooperen plenamente con los tres componentes del Sistema y que la sociedad colombiana brinde su pleno apoyo al Sistema para que este pueda seguir contribuyendo a la reconciliación.
Las recomendaciones que he esbozado en el presente informe demuestran la interconexión que existe entre los distintos puntos del Acuerdo Final y, por ende, la importancia de asegurar su implementación integral. Los avances en el proceso de reincorporación y en los PDET deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera. Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz en el marco del Acuerdo Final, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente.
