El Gobierno Nacional, a través de una delegación del sector Justicia -cuya línea técnica lidera del Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela- se reunió este viernes con la administración municipal de Tuluá para articular acciones en torno a la disminución del hacinamiento en la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de este municipio vallecaucano.

Participaron en el encuentro de carácter técnico el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Mayor General Mariano Botero Coy; el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz Hernández; la Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, Diana Silva Londoño; el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre; y el secretario de Gobierno del municipio, Jorge Alexander Gallego Chávez.

Después de la reunión realizaron una visita al establecimiento carcelario de Tuluá, donde recibieron información de primera mano relacionada con el hacinamiento en este centro de reclusión y las posibles alternativas para reducirlo. Esta cárcel tiene capacidad para 1.078 privados de la libertad y hoy alberga a 1.248, por lo que su índice de hacinamiento es del 15,8%.

Durante el recorrido, los representantes del Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y la administración municipal sostuvieron un encuentro con privados de la libertad que se desempeñan como monitores educativos y representantes de los comités de Derechos Humanos de los pabellones, quienes formularon solicitudes que buscan que se mejore el servicio de salud y alimentación y se fortalezca el acceso a los sistemas de información y a la defensoría jurídica.

La delegación del Gobierno Nacional escuchó dichos requerimientos, se comprometió a estudiarlos y anunció la realización de una brigada jurídica para revisar algunos casos puntuales.

Para el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, estos encuentros con autoridades regionales para reducir el hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) constituyen una herramienta esencial en el empeño de dignificar las condiciones de vida de la población privada de la libertad en el país.