Según lo informó la Jurisdicción Especial para la PAZ – JEP, las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, conocidas como ‘Falsos Positivos’, serán priorizadas en Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como «bajas en combate», informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La cifra de «falsos positivos», como se conocen en Colombia, es mayor de lo que se había reconocido en el pasado y muestra que ese periodo, en el que gobernó Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones, «se registró el 78% del total de la victimización histórica».

«El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo», dijo la JEP.

La corte calificó lo ocurrido como un «fenómeno macrocriminal».

Cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en la práctica de los «falsos positivos», con la que las fuerzas armadas buscaron presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales. Además, obtenían premios, permisos y beneficios.

La investigación de la JEP es el llamado Caso 3, abierto luego de que surgieron denuncias ante la Fiscalía General, la cual estableció que la etapa más crítica ocurrió entre 2006 y 2008.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados algunos soldados o suboficiales. Investiga qué tanta influencia y decisión tuvieron los altos mandos.

«Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009», dice la JEP a través de la a Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Tanto los mandos militares, como el expresidente Uribe, han rechazado las acusaciones.

El expresidente calificó de «sesgado» el informe de la JEP publicado este jueves, pues, dijo, tiene como objetivo «desacreditar a mi persona».

«No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas», dijo Uribe al enlistar una serie de acciones que tomó en el pasado sobre este tema.