Por: Juan David Escobar Cubides
Falsos Positivos fueron las bajas de los civiles- no beligerantes- cometidos por algunos miembros del Ejército de Colombia, abusando de la potestad de ejercer, legítimamente, la acción contundente del Estado. Específicamente, estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados militares-operacionales exitosos contra la banda narco mafiosa Farc- cuando era lo contrario- con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y atractivos reconocimientos.

El tema, desde la Responsabilidad Extracontractual del Estado, ha constituido una falla del servicio, pues la fuerza pública en ninguna circunstancia puede atentar contra la vida de personas no beligerantes, ni mucho menos en eventos de inferioridad. El daño antijurídico a los sujetos fue notorio, dado que no tenían el deber jurídico de soportarlo. De allí las condenas resarcitorias en contra del Estado colombiano.
Luego, desde la Responsabilidad Política, resulta un despropósito enorme acusar a las autoridades administrativas del momento, así como al Gobierno de turno, por tan deplorables hechos. ¿A quien medianamente inteligente se le ocurre pensar que estos crímenes de Estado fueron ordenados por el presidente de la república o sus subalternos? ¿Acaso creen que se trataba de una empresa criminal? Y quienes así lo consideran: ¿Cuál es el fundamento para sustentar semejante exabrupto? ¿Tendrán cómo probarlo?
Ciertamente, es importante precisar que, un grupo reducido de militares inescrupulosos abusaron de su función pública al acribillar a campesinos para hacerlos pasar por terroristas de alta peligrosidad; sin duda, ello ha sido una actuación degradante. Todos despreciamos con verticalidad dichas conductas, y sobre ello no hay discusión alguna. No obstante, lo que no podemos permitir es que la barbarie de unos pocos comprometa la dignidad de la institucionalidad, es decir, del Ejército Nacional y del Gobierno de turno. Una cosa no tiene que ver con la otra. Al pan, pan, y, al vino, vino. Así de sencillo.
Debemos precisar dos cosas: La primera, muy elemental por demás; las responsabilidades penales son individuales, de tal suerte que, los crímenes de militares macabros no comprometen la dignidad de la institución como tal, ni mucho menos al gobierno de aquella época, dado que el exceso de unos cuantos no configura ni puede configurar la responsabilidad de otros. La segunda, que no es tan elemental como la primera, pero básica como la que más, consistente en que el trabajo bajo presión es una condición sine qua non propia de los militares de vigoroso entrenamiento y alto rendimiento.
Lo antecedente quiere decir que, la presión de los altos mandos del gobierno sobre las fuerzas militares para obtener resultados óptimos es el conducto regular en cualquier política de seguridad de Estado. De hecho, aquel es el deber inherente en un Estado de Derecho.
En otros términos, no es una camisa de fuerza tener que acribillar campesinos y disfrazarlos de terroristas para mostrar los resultados solicitados, porque la función natural del Ejército Nacional es cumplir, cabalmente, con lo requerido por el Presidente de la República en calidad de comandante en jefe de las FFMM. En este orden de ideas, la presión por los resultados es el deber de la autoridad administrativa. Y no hacerlo constituye una grave falta, así como una omisión a sus funciones constitucionales.
Por ello, resulta inaceptable, cuando menos risible, que algunos expertos en restar y dividir vengan a decir que los falsos positivos son responsabilidad directa del Gobierno de turno, dado que aquel era vertical al exigir resultados. Si ese fuese el razonamiento, los altos funcionarios del ejecutivo central no podrían exigir- en ningún evento- un accionar contundente a las FFMM bajo el pretexto de evitar la comisión de falsos positivos. ¡No señores, así no es la cosa!
El panorama es claro: Quien en el ejercicio de su función pública infrinja la ley, debe ser sancionado con absoluto rigor. Tal cual, los militares responsables por los falsos positivos han sido condenados, con plena severidad, por la jurisdicción ordinaria. Actualmente, hay militares purgando condenas de 25 y 30 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales. Y muchos de esos casos están en curso en la Fiscalía General de la Nación a fin de lograr reparación a las víctimas y evitar impunidad.
La situación va por su cauce. De allí la impertinencia del parapeto de la JEP; tribunal diseñado por la mísera izquierda para exculpar los crímenes de Farc y condenar a quienes, históricamente, los han combatido sin ambages. A decir verdad, es despreciable que la JEP arroje en sus comunicados improperios cargados de odio, tendientes a mancillar la honra y el buen nombre de las personas.
En vez de semejante majadería, ¿Por qué la JEP no nos cuenta cuál era la finalidad de permitir la fuga del bandido Santrich? Quien, dicho sea de paso, atenta y conspira actualmente contra Colombia bajo el auspicio de los mafiosos de Venezuela.
¿Por qué la JEP no nos cuenta cuántas caletas tiene actualmente las Farc sin entregar? No han dicho nada sobre el particular.
¿Por qué la JEP no nos cuenta cuántos casos existen de niños y jóvenes que fueron reclutados y masacrados por las Farc ante la negativa de enfilar la subversión? No han dicho nada sobre el particular.
¿Por qué la JEP no nos cuenta cuántos casos existen de niñas que fueron violadas y obligadas a abortar con métodos salvajes? Tampoco han dicho nada sobre el particular. ¿Por qué no le cuentan al país la verdad sobre los interrogantes que he formulado?
Finalmente, es menester recordar que los falsos positivos son un problema de Estado, no de Gobierno, puesto que los mismos datan de 1988, en el mandato de Virgilio Barco. Adicionalmente, en el gobierno de Cesar Gaviria también se presentaron falsos positivos. Verbigracia, los policías que se asociaban con la mafia para asesinar a otros policías honestos. Peor aún, en el Gobierno de Samper donde se presentó la deplorable alianza criminal entre los Rodríguez Orejuela y la administración nacional para hacer de las suyas. De la misma manera, no ha habido mayor falso positivo que el “acuerdo de paz” del Gobierno Santos, pues se desmovilizaron unos pocos, pero siguieron delinquiendo, en mayor medida, muchísimos otros.
¡Ah, pero qué sorpresa!: ¿Aquellos no les parecerán falsos positivos, cierto?
El doble rasero es el ADN de la JEP. Y en tanto sea así, la institucionalidad de Colombia correrá un riesgo descomunal.
Jamás lo olviden: ¡Un tribunal parcializado es peor que una banda criminal!
@JuanDaEscobarC