–Como el año más violento desde 2014 definió la ONU Derechos humanos el 2020 en medio de la pandemia del Covid-19 en Colombia. El organismo internacional documentó 76 masacres, que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes.

Además, estableció que la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo.

“En 2020, conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Debido a las restricciones derivadas de la pandemia, solo pudo documentar 53 casos y continúa verificando 80. De los casos documentados,
en el 9 por ciento las víctimas fueron mujeres, el 21 por ciento indígenas y el 4 por ciento afrodescendientes”

Las precisiones corresponden al informe anual de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUDH, Michelle Bachele, que fue presentado este martes en Ginebra por la representante del organismo Juliette Rivero.

El reporte señala que en el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores de las masacres en Colombia fueron grupos criminales.

“Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”, precisa el informe y agrega que los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos. El Gobierno informó al ACNUDH que estableció una unidad espacial para coordinar la respuesta estatal a estos casos.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) comprobó también el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 20166.

Recuerda que el 17 de agosto, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación por las mas persistencia de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Según la misma fuente, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.

La Alta Comisionada de la ONU advierte su preocupación por “la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (prevista en el Acuerdo de Paz”.

Dice que a pesar de haber convocado reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (encargada en virtud del Acuerdo de Paz de desarrollar esta política), hasta la fecha el Gobierno y los actores de la sociedad civil
representados en esta entidad no han logrado acordar una política. El Gobierno propuso que las políticas públicas existentes eran suficientes, mientras que la sociedad civil elaboró y presentó una nueva propuesta de “Lineamientos de política pública para el desmantelamiento de los grupos criminales objeto del Decreto 154 de 2017” 11 para ser
considerada por la Comisión.

Los siguientes son otros apartes del informe:

La implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo aportaría sustancialmente a la prevención de la violencia. A pesar de los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo, varias masacres y homicidios fueron cometidos en 2020.

El ACNUDH reitera la importancia de la Comisión Interinstitucional establecida por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en 2020, para dar seguimiento a la respuesta a las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas, y reitera su compromiso de continuar asesorando al Estado para la coordinación de una respuesta de mayor impacto.

Violaciones por parte de la fuerza pública y las autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI. La policía habría estado presuntamente implicada en 30 casos, que involucran 37 víctimas; el ejército presuntamente en 11 casos, con 13 víctimas; y en un caso, las autoridades penitenciarias habrían sido presuntamente responsables de la muerte de 23 personas. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado.

Trece de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones.

En los 38 casos relacionados con operaciones militares y policiales, 11 ocurrieron en el marco de la participación de militares en actividades de prevención y persecución de delitos, el cumplimiento de órdenes de captura y allanamiento, o erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha contra grupos criminales.

El ACNUDH reitera que la participación de las fuerzas militares en dichas operaciones debe ser excepcional, justificada, temporal, restringida, y subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles.

Además, los militares que participan en operaciones de cumplimiento de la ley deben considerarse funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sujetos a los estándares y normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza.

Treinta y tres personas perdieron la vida en los cuatro incidentes registrados bajo custodia estatal en prisiones o centros provisionales de detención. En uno de estos casos, el 21 de marzo, 23 presos murieron en la prisión La Modelo en Bogotá, debido al presunto uso desproporcionado de la fuerza por guardianes de la prisión durante un motín. Otros tres casos ocurrieron dentro de tres Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional en Arboletes (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), en donde según la información obtenida murieron 10 personas, incluyendo ocho que murieron quemadas dentro de sus celdas.

El ACNUDH documentó tres casos de torturas y malos tratos presuntamente perpetrados por miembros de la policía y el ejército en Antioquia, Cesar y Guaviare. En uno de estos casos la víctima fue un joven a quien presuntamente se le torturó por ser homosexual.

El ACNUDH valora la existencia de una política institucional del Ministerio de Defensa Nacional de cero-tolerancia frente a los actos de violencia sexual y resalta la necesidad de que sea implementada de manera urgente, en vista de los casos documentados en 2020 que involucran a integrantes del ejército y la policía en Nariño, Risaralda y Valle del Cauca.

El ACNUDH observa que, en dos de esos casos, las víctimas eran tres niñas pertenecientes a pueblos indígenas (una en Risaralda y dos en Nariño).

El ACNUDH recibió denuncias – publicadas en los medios nacionales – sobre el empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar contra 130 personas, entre quienes se incluían a personalidades políticas, jueces, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El Estado informó que tomó medidas administrativas y disciplinarias, incluyendo cambios en la estructura de mando, la cesación de 12 oficiales presuntamente implicados y el envío de actas a las autoridades judiciales correspondientes.

La defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, el ACNUDH conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Debido a las restricciones derivadas de la pandemia, el ACNUDH solo pudo documentar 53 casos15 y continúa verificando 8016.

De los casos documentados, en el 9 por ciento las víctimas fueron mujeres, el 21 por ciento indígenas y el 4 por ciento afrodescendientes.

Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 72 por ciento de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca17; 77 por ciento en zonas rurales; 91 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia
endémica; 96 por ciento en municipios con economías ilícitas; y 85 por ciento en departamentos donde existen “enclaves de producción de coca” identificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

De los casos verificados, el 25 por ciento fueron presuntamente cometidos por grupos criminales, 15 por ciento por grupos de disidentes de las FARC, 13 por ciento por el ELN, y el cuatro por ciento por integrantes de la policía o del ejército.

El ACNUDH también recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones18 contra personas defensoras de derechos humanos; 67 por ciento de las víctimas fueron hombres, 26 por ciento fueron mujeres y dos por ciento pertenecían a la población LGBTI. El 44 por ciento de los casos ocurrió en áreas rurales; el 14 por ciento en Bogotá; y el 42 por
ciento en otras zonas urbanas. El mayor número de casos fue reportado en Bogotá y Cauca.

En 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 449 violaciones contra periodistas, incluyendo 152 amenazas, y el ACNUDH documentó dos casos de homicidios de periodistas.

El ACNUDH valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar las
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Se observaron avances en la
investigación del 47 por ciento de los casos ocurridos en 2020 y el 64 por ciento de los
casos ocurridos entre 2016 y 201920.

El ACNUDH acoge con satisfacción las 20 condenas dictadas en 2020 contra quienes asesinaron a personas defensoras de derechos humanos; mientras que otros 97 casos están en espera de decisiones judiciales a diciembre de 2020.

Si bien el ACNUDH acoge la captura de los autores intelectuales en 10 casos de agresiones
contra personas defensoras de derechos humanos, le preocupa la persistencia de retos en
la identificación y persecución penal de los autores intelectuales y resalta la necesidad de
desmantelar las estructuras criminales detrás de ellos.

La Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, continuó recibiendo
numerosas solicitudes de protección y el ACNUDH reconoce los esfuerzos desplegados
por este organismo para responder a ellas; en 2020, la Unidad Nacional de Protección
asignó medidas de protección a 3.740 personas defensoras de derechos humanos y líderes
sociales.

No obstante, algunos retrasos en la notificación de las decisiones, en la
implementación de las medidas de protección y en la idoneidad de las mismas,
especialmente en zonas rurales, incrementaron los riesgos para las personas defensoras de
derechos humanos.

En 2020, cuatro personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de homicidio en cuatro departamentos, a pesar de contar con medidas de protección.

Es necesario fortalecer el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
(CERREM) para mujeres, e implementar integralmente el Protocolo existente dentro del
marco del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de
Derechos Humanos para garantizar la incorporación de los enfoques de género, étnico,
intersectorial y territorial.

Además, se requiere que las entidades del orden nacional, departamental y municipal
logren una mayor articulación, en concertación con las comunidades, que permita la
implementación de medidas colectivas eficaces que aborden los riesgos estructurales y
refuercen y complementen las medidas de autoprotección de las comunidades.

El ACNUDH también insta a la Procuraduría General de la Nación a mantener la
aplicación rigurosa de los “Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de
los defensores y defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes políticos y sociales,
y sus organizaciones” que consagra su Directiva 002 de 2017.