Nacional

Procuraduría reclama a 31 entidades territoriales el cumplimiento del servicio de alimentación escolar ante retrasos en la entrega de raciones

–La Procuraduría General de la Nación conminó este martes a nueve gobernadores y 22 alcaldes a precisar las razones por las cuales no han iniciado la prestación del servicio de alimentación escolar, hecho que, además, deben reportar a la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender.

Según el ministerio público en esas jurisdicciones no se está cumpliendo la prestación del servicio a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

El requerimiento fue formulado a 31 Entidades Territoriales Certificadas, entre ellas las gobernaciones de Amazonas, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Nariño, Sucre y Tolima, y a las alcaldías de Barrancabermeja, Buenaventura, Cali, Ibagué, Valledupar, Villavicencio.

Las administraciones de estos departamentos y ciudades deben informar sobre la fecha proyectada para iniciar la entrega de raciones.

En el caso de que aún no hayan empezado con el programa, la Procuraduría solicitó precisar las razones de los retrasos en la información que deben reportar a la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, así como las gestiones que se adelantan para garantizar la oportuna prestación del PAE.

La Procuraduría recordó a los mandatarios territoriales que, en virtud del interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, es obligación de las autoridades competentes respetar, proteger y cumplir los componentes mínimos que conforman el derecho fundamental a la educación, para lo cual el PAE es un requisito en la garantía del acceso a este derecho.

El Ministerio Público advirtió que continuará adelantando estricta vigilancia al Programa de Alimentación Escolar con el propósito de que las autoridades responsables cumplan adecuada y oportunamente con la prestación del servicio en los términos en que lo exige la ley, y se garanticen así, los derechos a la salud, alimentación equilibrada y educación de los niños, las niñas y los jóvenes beneficiarios.