“La contratación estatal debe contribuir a repotenciar y reactivar la economía, ofrecer mercados competitivos y justos, y cerrar las brechas” en Colombia. Con este mensaje, el Gobierno Nacional, hizo un llamado, a través de la Directiva Presidencial No. 1, a las entidades de la rama ejecutiva y a las exceptuadas de la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, para que contribuyan en la superación de la crisis derivada de la pandemia, cumpliendo siempre los preceptos de la transparencia.

Lo anterior –sostuvo la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez– “va en línea con los esfuerzos colectivos que requiere el país para consolidar la reactivación de la economía, fuertemente golpeada por el COVID-19. En este proceso, que exige grandeza de todos los sectores políticos y sociales, es prioritario proteger los recursos públicos, su inversión, optimización y utilización de acuerdo con la ley, asegurando el bien común”.

La Directiva, firmada por el Presidente de la República, Iván Duque, hace énfasis en que los contratos que celebren las entidades públicas deben estar orientados al interés general, en la medida en que, con la adecuada ejecución contractual, los contratistas no sólo colaboran con el logro de dichos fines, sino que también cumplen una función social.

En la directiva, además, se solicita rigurosidad en los procesos contractuales y el uso de todos los instrumentos elaborados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, que garanticen la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos del Estado y la transparencia en la contratación. Según el director general de la Agencia, José Andrés O`Meara Riveira, “la apropiación de buenas prácticas contractuales en las entidades estatales regidas por derecho privado generará: mayor transparencia contractual, más eficiencia administrativa, pluralidad de oferentes y optimización de recursos públicos”.

Así mismo, se insta a las entidades exceptuadas de la aplicación del Estatuto General de Contratación, a adoptar los documentos y pliegos tipo, los acuerdos marco de precios disponibles y los demás instrumentos de agregación de demanda, como medio idóneo y eficaz para la debida inversión del erario.

“Los acuerdos marco de precios, otros instrumentos de agregación de demanda, así como los documentos tipo están enfocados a garantizar la eficiencia, eficacia, planeación, economía y celeridad en las actuaciones contractuales de las entidades estatales, entre otros”, señala la Directiva.

Subraya que el empleo de los patrimonios autónomos, contratos interadministrativos con empresas de economía mixta o con entidades que tienen regímenes de contratación privada, deben tener mayor planeación, seguimiento y control por parte de las entidades estatales.

La directriz presidencial también advierte que cuando se adelanten procesos en la modalidad de contratación directa mediante fiducia mercantil (patrimonios autónomos), o convenios interadministrativos, se deben acatar estrictamente las recomendaciones, que permitan prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en la selección y en la ejecución contractual y presupuestal.

La Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño, manifestó que lo dictado en esta directiva permitirá el uso adecuado de la contratación estatal y la ejecución de buenas prácticas para salvaguardar los recursos públicos. La Secretaría de Transparencia hará seguimiento a su cumplimiento.