A partir del 9 de marzo de 2021, el 30% de las compras de alimentos que realicen las entidades del Estado deben contratarse exclusivamente con empresas que compren estos productos a pequeños productores y productores de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) del sector agropecuario del país.

La medida, que beneficia a tres millones de productores del agro, hace parte de la estrategia de producción con inclusión, la cual les permitirá participar en un mercado formal de alimentos que factura cerca de $1,7 billones al año.

Mediante el Decreto 248 del 9 de marzo de 2021, firmado por el Presidente Iván Duque, se pone fin a las restricciones a la participación de los pequeños productores del agro en las compras de alimentos que efectúan las entidades públicas.

Esta disposición tendrá un gran impacto en el sector rural, toda vez que los pequeños productores generan el 70% de los alimentos del país y más del 50% del empleo del sector agropecuario.

Este decreto reglamenta el artículo 229 de la Ley 1955 sobre calificación diferenciada de compras públicas de alimentos y la Ley 2046 que promueven la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, así como a pequeños productores agropecuarios en el canal estatal de abastecimiento de alimentos.

Para acogerse a este beneficio, los productores deben registrarse en las secretarías departamentales de Agricultura o la dependencia que cumpla esta función y certificar el cumplimiento de los criterios que se indican en el decreto.
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El decreto establece puntajes adicionales a los oferentes que contraten a productores nacionales que cumplan con los siguientes criterios: que su actividad económica sea la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, desarrollen su actividad económica en municipios con aptitud productiva, estén a paz y salvo con el pago de la cuota parafiscal y sean usuarios del servicio público de extensión agropecuaria.

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional posiciona a Colombia a nivel de países de la región como Brasil, Uruguay y Paraguay, destacados por sus políticas para la promoción de la participación de los campesinos y pequeños productores agropecuarios en las compras públicas de alimentos.