–La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Procuraduría General de la Nación, solicitaron a la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia sentencia condenatoria contra del exsenador Antonio Guerra de la Espriella por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Los hechos que involucran al excongresista con el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña tienen que ver con el contrato de estabilidad jurídica y los proyectos Ruta del Sol II y Navelena a favor de Odebrecht, que se sucedieron en el año 2012.

El contrato de Estabilidad Jurídica fue suscrito el 31 de diciembre de 2012 entre la Nación- Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., cuyo objeto era la garantía por parte de la Nación de que al inversionista, en este caso la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.- de la que es socio mayoritario la firma brasilera ODEBRECHT-, se le continuaría aplicando la normatividad vigente en materia de impuesto al patrimonio, al momento de la suscripción del contrato, en caso de que aquél sufriera modificaciones en el futuro.

El objeto del contrato fue lícito y se fundamentó en la Ley 963 de 2005, modificada por los artículos 48 y 49 de la Ley 1450 de 2011, y en los decretos 2950 de 2005 y 1474 de 2008, así como los documentos CONPES 3366 de 2005 y 3406 del mismo año. No obstante, la Fiscalía ha establecido que, para afianzar el trámite del contrato, ODEBRECHT habría pagado la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($COL 4.000.000.000 ) desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Brasil.

Para el efecto habrían buscado los oficios del intermediario Federico Gaviria, quien a su vez habría contado con la participación del ex senador Otto Nicolás Bula Bula para que por medio de sus influencias lograra contactar a un congresista, para que intercediera ante los Ministerios competentes.

Por ello la Fiscalía imputó cargos a Gaviria en audiencia realizada el 4 de octubre de 2017.

El 18 de septiembre del mismo año, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigara la presunta participación en estos hechos del ex senador Bernardo Miguel Elías Vidal y el senador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella.

El 21 de marzo de 2019, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra Guerra de la Espriella, como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias.

Según la investigación adelantada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, las pruebas recaudadas comprometían al excongresista con los sobornos pagados en el país por la multinacional Odebrecht, para obtener ventajas y favorecimiento en la adjudicación de contratos de infraestructura.

El 23 de septiembre de 2019, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Según la providencia, el excongresista Guerra de la Espriella estaría involucrado en este expediente por haberse concertado con particulares, lobistas y otros servidores públicos para la asignación de contratos de obras públicas en especiales condiciones de favorabilidad a la compañía extranjera, particularmente el del proyecto Ruta del Sol II mediante el pago de sobornos.

La Fiscalía General de la Nación vinculó a Guerra de la Espriella en el grupo de parlamentarios denominado por parte de los representantes de la multinacional Odebrecht como el grupo “LOS BULDOZER”, “un poco describiendo la característica que esta máquina tiene, lo que aparezca lo tumba”- según afirmación de uno de los testimonios recogidos.

De los BULDOZER también fueron señalados los senadores Armando Benedetti Villaneda, Mussa Besaile Fayad, Bernado Miguel Elías Vidal y Álvaro Ashton.

Por ello, el 15 de noviembre de 2017, la Fiscalía compulsó copias de los elementos materiales probatorios respectivos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para lo de su cargo, junto con las evidencias contables que dan cuenta de giros efectuados por ODEBRECHT desde el exterior a una empresa panameña y copia de los cheques de marzo de 2013 que permitieron monetizar en Colombia las partidas correspondientes, los que fueron cambiados en efectivo para cancelar las “coimas” respectivas.

Esta compulsa fue complementaria a la que la Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte el día 4 de octubre por la misma línea investigativa.

Según la Fiscalía, para la adición Ocaña – Gamarra, ODEBRECHT habría pagado una suma del orden de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000), según el conjunto de las evidencias recaudadas en la investigación.

Agregó que los nuevos recaudos probatorios permitieron establecer que el 4% de comisión de éxito que fue convenido con ODEBRECHT por la vía Ocaña – Gamarra, debía liquidarse por un valor de la concesión estimado en $1,6 billones, “a pagar durante los años 2013, 2014 y 2015, con una tasa de interés del 11% anual, lo que arrojaba la suma de ochenta mil millones de pesos”, lo que implicaría que “ODEBRECHT quedó debiendo 30 mil millones de pesos que no pagó.”

En la investigación también surgieron nuevos elementos materiales probatorios acerca del trámite de la adición de la vía Ocaña-Gamarra, para lo cual ODEBRECHT habría contado inicialmente con la coadyuvancia del entonces Ministro de Transporte, Miguel PEÑALOZA BARRIENTOS.

Destacó también la Fiscalía que los elementos recaudados daban cuenta que el Ministro Miguel PEÑALOZA se habría encargado de promover este proyecto de infraestructura, inicialmente radicado en el Fondo de Adaptación, para que quedara asignado en la ANI, lo que facilitaba su ejecución mediante el mecanismo de “adición” al contrato Ruta del Sol – Tramo II. Al retiro del Gobierno del Ministro PEÑALOZA el proyecto empezó a “coger una velocidad muy lenta”.

Por esta razón, se dice que el señor BULA habría tomado la decisión de ampliar el original Grupo BULDOZER: “…porque si no había un bloque grande y fuerte para pelear el asunto, era imposible lograrlo…”. Para ello, incluyó al senador Álvaro ASHTON.

El 01 de abril de 2020, la Fiscali?a General de la Nacio?n, con el apoyo de la Armada Nacional, ocupo? con fines de extincio?n del derecho de dominio varios bienes de propiedad del exsenador Antonio Guerra De la Espriella: Dos fincas de 120 y 50 hecta?reas, respectivamente, ubicadas en el municipio de San Marcos, en el departamento de Sucre. Las medidas cobijaronn tambie?n un vehi?culo de alta gama.

Estas acciones se originaron tras conocer un informe te?cnico que evidenció que el exparlamentario, aprovechando su posicio?n y contactos, habri?a incurrido en hechos de corrupcio?n en favor de la multinacional Odebrecht.

Los cruces de informacio?n contable y financiera realizados por parte de la Polici?a Judicial de la Direccio?n Especializada de Extincio?n del Derecho de Dominio dejaron ver que, entre el 2012 y el 2017, Guerra De la Espriella obtuvo un incremento injustificado de su patrimonio.

El material probatorio recaudado demostro? co?mo Guerra De la Espriella habri?a servido de mediador para agilizar el tra?mite de suscripcio?n del contrato de estabilidad juri?dica requerido por la multinacional brasilen?a para la conocida Ruta del Sol II. Esta gestio?n le habri?a significado al exsenador una ganancia de 200 millones de pesos.

La Fiscali?a señaló poseer adema?s informacio?n acerca de la supuesta intervencio?n, por parte de Guerra, en el proyecto de Navegabilidad del Ri?o Magdalena (Navelena), y participado en los tra?mites de adicio?n (otrosi?) del tramo Ocan?a-Gamarra.

Los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administracio?n.