La autoridad migratoria colombiana advirtió que expulsará del país a los extranjeros que “obren de manera indebida”, luego de que un policía fue asesinado en la víspera por dos ciudadanos venezolanos durante un procedimiento de requisa al norte de Bogotá.

“Aquellos extranjeros que obren de manera indebida serán expulsados como los hicimos con más de 1.200 venezolanos en el año 2020, más de 950 de ellos por situaciones presentadas en Bogotá”, indicó Migración Colombia en un comunicado.

Sin embargo, el organismo destacó que si bien en Colombia, de acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, hay un poco más de 97.000 detenidos, sólo el 1,8% de ellos son de nacionalidad venezolana.

Asimismo, señaló que en lo que va del año ha realizado más de 11.000 diligencias en todo el país para verificar que los inmigrantes que se encuentren dentro del territorio cumplan con la normatividad y respeten la legislación, y destacó que durante 2020 llevó adelante más de 41.000 procesos de esa naturaleza.

“Como sociedad y como autoridades no podemos ni vamos a permitir que ningún ciudadano, nacional o extranjero, afecte el orden público, la tranquilidad ciudadana y la seguridad nacional”, acotó.

Por último señaló que aunque “la violencia no distingue nacionales”, el Gobierno colombiano confía en identificar a la población migrante venezolana en el país a través del Estatuto Temporal de Protección, el cual empezará a operar en mayo y que facilitará, así como el estudio y el acceso al trabajo y a la salud, la judicialización de los responsables de crímenes y delitos.

El pronunciamiento de Migración Colombia se da luego de que en la tarde del miércoles el patrullero de la Policía de Bogotá Edwin Caro, de 25 años, murió cuando requisaba a dos ciudadanos venezolanos que se trasladaban en una motocicleta, uno de los cuales le disparó en el rostro. En un intercambio de disparos con otro policía murió uno de los migrantes.

Un total de 1.742.927 migrantes venezolanos permanecían en Colombia al 31 de enero pasado, de los cuales 759.584 (44%) son regulares y 983.343 (56%) se encuentran de modo irregular en el país.