–Según un comunicado del régimen de Nicolas Maduro, «el gobierno de Iván Duque, con el apoyo del Comando Sur estadounidense y su grupo élite de siete mil efectivos recientemente creado, ha instalado un corredor de actividades ilegales como el tráfico de personas, la explotación ilegal de minerales y el narcotráfico, destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados en contra de Venezuela».

El escrito lo publicó tras los enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencias de las Farc que se registraron el domingo pasado en la región, afirmando, además que con el abandono que el Estado colombiano tiene a las fronteras, «ha otorgado un consentimiento más que tácito a las actuaciones de diversos grupos criminales que operan en la zona».

El régimen de Maduro anuncia que pedirá la ayuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para desactivar minas antipersonales en la occidental región de Apure, fronteriza con Colombia, donde el pasado domingo la Fuerza Armada venezolana sostuvo combates con grupos armados irregulares.

El comunicado comienzas señalando que «rechaza declaraciones de la Cancillería colombiana sobre operaciones militares de Venezuela en el estado Apure, en las cuales expresa su supuesta preocupación por las recientes operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure, en ejercicio de la defensa de la soberanía nacional, con el lamentable saldo de dos efectivos venezolanos fallecidos».

Agrega que las operaciones militares que ha realizado la FANB contra campamentos ilegales de grupos armados colombianos, han sido llevadas a cabo en zonas rurales, y han sido orientadas a proteger a la población civil de los efectos adversos de las actividades ilegales y la violencia sistemática de estos grupos irregulares.

Señala que estas operaciones cuentan con el respaldo del pueblo venezolano, que repudia las distintas formas de violencia derivadas de más de setenta años de guerra colombiana, al tiempo que reconoce la prudencia con la que la conducción militar está llevando a cabo las operaciones, garantizando los derechos humanos y, sobre todo, la vida de la población.

«Los hechos acontecidos en las inmediaciones de la población de La Victoria demuestran que estos grupos armados colombianos actúan contra la población civil, atentando contra instalaciones del servicio eléctrico, de la autoridad tributaria y de la empresa estatal petrolera, valiéndose además de métodos terroristas como la siembra de minas antipersonas, para cuyo desmantelamiento Venezuela solicitará el apoyo especializado de las Naciones Unidas», precisa el escrito.

Agrega que «al verse derrotados, estos grupos armados han utilizado a la población como escudo humano para huir a Colombia, donde no son perseguidos, pues cuentan con la tolerancia y protección de las autoridades de ese país».

Finalmente dice que «ratifica que cualquier intento de violación a la integridad territorial de Venezuela, bien sea convencional o encubierto, por parte de cualquier organización armada, sea esta regular o irregular, tendrá una reacción contundente».