–Luego de restarle 398 días perdidos en el juicio, la Corte Suprema de Justicia volvió a negar la petición de libertad del exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández por vencimiento de términos, argumentando que acudió a maniobras dilatorias para obtener ese beneficio.

La Corte dejó en firme esa decisión que había adoptado el 18 de diciembre pasado la Sala Especial de Primera Instancia dentro del proceso que se sigue a Malo Fernández dentro del proceso por el llamado «cartel de la toga», por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva.

El alto tribunal estableció que si en gracia de discusión se examinaran el reclamo, tampoco le asistiría razón al defensor del exmagistrado Malo Fernandez, si en cuenta se tiene que, tanto en primera como en segunda instancia, la judicatura siempre concluyó que no era viable la libertad por vencimiento de términos solicitada al no verificarse el plazo dispuesto en la norma.

Adicionalmente, afirma que si bien la defensa repara en que la Sala de Primera Instancia efectuó un cómputo de 106 días, pasa por alto que tal suma se dio cuando el a quo analizó la procedencia de la libertad por vencimiento de términos consagrada en el numeral 6 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 – norma inaplicable en el presente asunto, tal y como se indicó en el auto AP1893 de 2020-, que no, cuando analizó el plazo indicado en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000. Es decir, el recurrente parte de una premisa falsa para atribuir consecuencias que no se deducen de los pronunciamientos judiciales en que sustenta su reclamo de reforma en peor.

Según la Corte, corresponden a maniobras dilatorias aquellas que, con el ropaje del ejercicio de la defensa, provocan de manera innecesaria la demora del diligenciamiento judicial.

Por ello, subraya que en este proceso, se ha demostrado de manera incontrastable que, la defensa ha venido dilatando la actuación, en particular, con las peticiones y recursos por medio de las cuales pretende ampliar el debate probatorio a través del decreto de pruebas sobrevinientes, con lo cual ha impedido que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dé traslado para alegar de conclusión y con ello, culmine la vista pública; pues de no ser así, desde el pasado 13 de julio de 2020, se habría finalizado la práctica probatoria.

En consecuencia, señala que no se reúnen los presupuestos necesarios para acceder a la libertad por vencimiento de términos y por lo tanto confrma el auto del 18 de diciembre de 2020, mediante los cuales la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad por vencimiento de términos.

Gustavo Malo fue apartado de su cargo por la Corte Suprema de Justicia en abril del 2018, luego de que el Congreso declarara su indignidad.

La Corte Suprema envió a la cárcel al exmagistrado Gustavo Malo en diciembre de 2019 por el escándalo de corrupción del “cartel de la toga”.

Los hechos por los cuales fue retirado del cargo y encarcelado tienen que ver con las investigaciones contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton por parapolítica. Supuestamente en ambos casos el magistrado Malo habría maquinado el engavetamiento de los procesos hasta que prescribirran por vencimiento de términos.

Según el expediente, “el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Enrique Malo se concertó con funcionarios y particulares, para abordar aforados que tuvieran en curso procesos de única instancia al interior de la alta corte y conseguir decisiones contrarias a derecho a cambio de coimas y dádivas”.