–La eliminación de instrumentos tributarios planteados en el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible radicado por el Gobierno Nacional en el Congreso generará una contracción de 80 % en volumen anual de Vivienda de Interés Social. Ello significa que cerca de 100.000 hogares de bajos ingresos no tendrían acceso a la VIS, frenando la creación de empleo y poniendo en riesgo la reactivación económica y social del país.

Las precisiones las hizo la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la cual afirmó que respalda los principios de sostenibilidad fiscal, priorización del gasto social, solidaridad y redistribución del ingreso definidos en el Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, siempre y cuando tales principios no afecten objetivos de país como la vivienda social de los hogares colombianos, y tampoco el bienestar, el empleo, y la dinámica económica que derivan de su construcción.

En ese sentido el Gremio advirtió sobre las graves consecuencias que traería para los hogares colombianos las nuevas disposiciones planteadas en la Reforma Tributaria, -radicada el pasado jueves por el Gobierno Nacional-, que contempla la eliminación de los instrumentos tributarios que han sido fundamentales para promover y financiar la Vivienda de Interés Social hasta hoy.

El Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible es un franco retroceso en el avance del modelo social que ha generado la VIS, -y que a hoy ha garantizado el derecho constitucional de millones de los colombianos de acceder a la vivienda social-, dado que elimina la posibilidad de construir y financiar nuevos proyectos de interés social y de interés prioritario, con sus efectos negativos adicionales sobre el aparato productivo del sector de la construcción.

Según estimaciones de Camacol, la construcción de nueva vivienda social se reduciría un 80 por ciento, es decir, que de 130 mil nuevas unidades VIS que se lanzan anualmente, la actividad se reduciría a solo 26 mil unidades habitacionales, poniendo en riesgo el acceso de 100 mil hogares por año a la VIS, y afectando adicionalmente cerca de 440.000 puestos de trabajo y poniendo en riesgo la sostenibilidad del tejido empresarial y la demanda de insumos y materiales para la construcción en el 54% del aparato productivo del país.

Para Sandra Forero, presidenta de Camacol, “tal como está planteado el proyecto de reforma implica un retroceso de tres décadas en el modelo de acceso a la vivienda de interés social que el país ha venido perfeccionando para los colombianos, dado que inviabiliza la oferta de nuevos proyectos habitacionales VIS”.

Así mismo, el impacto de esa reducción en el volumen de VIS significa que la demanda de insumos de los 36 subsectores productivos del país encadenados con la construcción se contraería en $6.5 billones al año, es decir pasaría de $8 billones a $1,5 billones.

“No es un impacto de poca monta, ya que hoy el 75 por ciento de los proyectos inmobiliarios que se lazan al mercado corresponden a Vivienda de Interés Social, esto quiere decir a su vez que 7 de cada 10 hogares compradores acceden a una vivienda social, todo esto es lo que está hoy en riesgo”, enfatizó Sandra Forero.

Para el gremio de la construcción y su cadena de valor, el bienestar de los hogares, la generación de empleo y la reactivación económica se logra con el impulso y el fortalecimiento de la Vivienda de Interés Social de los colombianos.