–La Junta de Acción Comunal y el Comité de Impulso del proceso de reparación colectiva de la vereda Charras, Guaviare, mayores y líderes del pueblo indígena nukák del asentamiento La Esperanza y la Fundación Hasta Encontrarlos le entregaron a la Comisión de la Verdad el informe ‘Forasteros en propia tierra’, un documento que da cuenta de las afectaciones vividas por comunidades campesinas y del pueblo nukák en este sector rural del norte del Guaviare.

Este informe -dicen sus autores- es una elaboración desde la memoria, los sueños, las esperanzas truncadas y las que mantienen vivas cientos de campesinos y campesinas sin tierra que han llegado a Charras en el transcurso de las últimas seis décadas en búsqueda de un lugar donde fundarse y construir sus proyectos de vida. Pero este informe también da cuenta de los impactos del guerra en los y las indígenas nukák y sikuani sus pobladores ancestrales quienes, pese a todos los repertorios de violencia vividos, permanecen en el territorio.

Los y las autoras del informe cuentan que “ambos, campesinos e indígenas, fueron afectados por el desplazamiento y las desapariciones forzadas y son víctimas no solo del conflicto armado, sino de los modelos de desarrollo que se imponen desde fuera y que en el territorio se traducen en fenómenos como la deforestación”. Pero las comunidades de Charras también resisten ante la posibilidad de que la guerra y las afectaciones vividas se repitan. Por eso, el propósito de este informe también es resaltar el compromiso de los y las pobladoras de Charras con la construcción de paz en sus territorios.

En el documento se abordan diferentes temáticas relacionadas con la historia de Charras y con el despliegue del conflicto armado en esta vereda y en la Trocha Ganadera, subregión a la que pertenece.

Son 10 las valoraciones fundamentales que los y las autoras hacen en el informe:

1. Las y los pobladores de Charras aún no conocen las razones de fondo que motivaron las violencias perpetradas en su contra en el marco del conflicto y aún esperan saber quién dio las órdenes para que guerrilla, Estado (a través de militares, paramilitares, funcionarios públicos, etc.) obraran como obraron y los atropellaron como los atropellaron. No obstante, los y las pobladoras reconocen que en el centro del conflicto están las disputas por la guerra, por su uso y su propiedad.

2. El cultivo de hoja de coca fue un pretexto para agredir a las comunidades de Charras y que la guerra contra las drogas fue una guerra contra el campesinado empobrecido de esta zona que acudió a los cultivos de uso ilícito como modo de subsistencia.

3. Las memorias, las huellas emocionales y los traumas del desplazamiento forzado aún están vivas y siguen generando dolor y tristeza en las comunidades de Charras. Sin embargo, el recuerdo del destierro también suscita un profundo sentimiento de orgullo y dignidad en quienes decidieron volver a sus tierras y decidieron que Charras seguiría siendo su hogar, el de sus hijos y nietos.

4. El informe revela que el mayor impacto de la violencia ha sido la desconfianza en la institucionalidad por parte de las comunidades; desconfianza que se acrecienta por el incumplimiento en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Las comunidades tienen el anhelo de recuperar la confianza en el Estado.

5. “Toca esperar”. Esa es, según las comunidades de Charras, la respuesta que siempre reciben de las instituciones del Gobierno y el Estado. “Siempre ha sido una espera. Ante cualquier reclamo, solicitud, petición, el Estado (Unidad de Víctimas, Fiscalía, Alcaldía, Gobernación) responde con un ‘toca esperar’”, dicen los autores del informe. “La espera también es un atropello”.

6. El informe indica que en Charras el Estado ha sido un agente agresor y estigmatizador, más que protector y garante de derechos. “Por presencia, el Estado entiende presencia militar, nada más”, cuentan los y las autoras del informe y señalan que solo hasta que se construyó la Zona Veredal (luego Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) para excombatientes de Farc la institucionalidad empezó, débilmente, a llegar a Charras. “La presencia del Estado en Charras debería ser civil, de carácter social y productivo, de atención integral a la ciudadanía y de prevención para la no repetición de la guerra.

7. La séptima valoración hecha por los y las autoras del informe es que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) “es injusto, pues no reconoció a todas las personas que se debían incluir en el programa (como recolectores de hoja)”. Pero la mayor injusticia -señalan- es que, después de casi cuatro años de suscrito el acuerdo del PNIS, las familias y personas que erradicaron voluntariamente, siguen esperando que les cumplan y les entreguen las ayudas prometidas para transitar a otro tipo de economías.

8. El informe señala que las y los habitantes de Charras se siguen preguntando por qué sucedió lo que sucedió y por qué se repite. Particularmente se preguntan y exigen respuestas en relación con las causas y los responsables intelectuales de la violencia paramilitar que se desató con mucha fuerza en sus territorios desde el año 2002.

9. De manera particular, las comunidades se preguntan qué relación existe entre la violencia paramilitar desatada en 2002 en Charras con la violencia paramilitar que se desplegó, el mismo año, en la subregión de la Trocha Ganadera (donde se ubica Charras), en el resto del Guaviare, en la región de la Orinoquia y norte de la Amazonia y en el país. También se preguntan qué tuvieron que ver instituciones del Estado locales en la intervención paramilitar en Charras.

10. Los y las autoras del informe señalan que este informe no pretende abarcarlo todo, pero sí contribuir al proceso de esclarecimiento de la verdad y, sobre todo, a exigir que las preguntas que tienen los y las habitantes de Charras en relación con la historia del conflicto armado tengan una respuesta.

Finalmente, en el informe se hace un llamado de atención al Estado a cumplir la implementación del Acuerdo Final de Paz. Esta -señalan- es la mejor manera de resarcir los daños causados a las comunidades y de propiciar la no repetición de la guerra en Charras. Se exige particularmente que se implemente integralmente la Reforma Rural Integral y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Asimismo, se exigen todas las garantías necesarias para el retorno de los indígenas nukák a sus territorios, en especial al asentamiento La Esperanza. El informe concluye que el esclarecimiento de la verdad y la justicia también son elementos claves de la reparación, el resarcimiento y la no repetición.

Este informe hace parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirá como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad, concluye la Comisión de la Verdad.