La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruíz, suscribieron este martes un convenio interadministrativo para el desarrollo de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria, la adopción de medidas que reduzcan el hacinamiento y el mejoramiento de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en lugares como estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

“Para tener segunda oportunidades necesitamos aplicar justicia oportuna, imparcial y digna. Si no se cumplen estos objetivos, no se podrá reincorporar a ese ciudadana o ciudadano que estuvo preso, a la sociedad”, indicó la alcaldesa Claudia López, quien recordó que desde “hace más de 20 años no se generaba una sola inversión en infraestructura carcelaria y de justicia, y hoy estamos viviendo las consecuencias”.

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Con este acuerdo, además, se abre la posibilidad para la construcción de una segunda Cárcel Distrital en la capital, que contará con 2.200 cupos carcelarios y estará ubicado en inmediaciones de la penitenciaria La Picota, en el sur la ciudad.
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El convenio brinda a las partes varios instrumentos como permitir la modificación del Plan de Regularización y Manejo del predio La Picota y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para trasladar las cárceles El Buen Pastor y la Modelo. Así mismo, facilitar la viabilidad jurídica, técnica y administrativa para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) le entregue al Distrito una porción de los terrenos del actual predio de La Picota para la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva cárcel.

“Esto va a contribuir a la dignidad de los internos de nuestro país, para que haya un deshacinamiento de las estaciones de policía y de las URI, y para que eventualmente, en este lugar haya espacio hasta para 11.000 internos”, señaló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, durante la firma del convenio en la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

A lo anterior se le suma la creación de un escenario conjunto para estudiar y analizar propuestas de política criminal encaminadas a reducir el hacinamiento carcelario sin comprometer la seguridad de la ciudad.

Es importante señalar que en los últimos 20 años no se construyó ningún centro carcelario que hubiese permitido la habilitación de nuevos cupos, lo que ha generado en la actualidad un impacto en el hacinamiento en los lugares de detención transitoria, donde hasta el pasado 22 de abril se encontraban un total de 2.882 detenidos y condenados a la espera de ser trasladados.