Tras un riguroso proceso de articulación de políticas y acciones de asistencia económica, humanitaria y social, el Gobierno Nacional priorizó la atención a más de 9 millones de víctimas del conflicto en el país.

Así se plantea en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) que contiene la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Se estima que los diferentes sectores del Estado inviertan, en un esfuerzo conjunto, cerca de $142 billones para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto durante los próximos 10 años.

Los objetivos de política pública establecidas en el CONPES buscan mitigar las afectaciones a la vida e integridad de las personas bajo el conflicto armado; mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas y avanzar en su reparación integral; afianzar la articulación y superar las fallas en la institucionalidad dispuesta para el cumplimiento de la política pública de víctimas.

286 acciones al 2031

Para ello se formalizaron mesas de trabajo con 32 entidades en las que se concertaron 286 acciones al 2031, entre las que se destacan:

– Más de 2,1 millones de víctimas del conflicto armado accederán a la indemnización administrativa.

– Se reunificarán las familias del 100% de niños, niñas y adolescentes que por causa del desplazamiento forzado fueron separados de su núcleo familiar y se les brindará acompañamiento psicosocial a quienes lo requieran.

– El acceso a la libreta militar se garantizará para el 100% de los hombres víctimas mayores de 18 años que la soliciten.

– Se prevé que cerca de 4,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado superarán la situación de vulnerabilidad mediante el acceso a las acciones encaminadas al restablecimiento socioeconómico.

– Aproximadamente 700.000 familias al año recibirán incentivos en salud y educación mediante transferencias monetarias condicionadas.

– Cerca de 96.000 víctimas podrán acceder a subsidios para adquirir vivienda nueva urbana y más de 68.000 familias se beneficiarán con subsidios para el mejoramiento de sus viviendas.

– Se tendrá más de un millón de víctimas registradas en el sistema de información del Servicio Público de Empleo para permitir su ubicación laboral.

– Más de 20.000 víctimas mayores de edad serán atendidas en programas de alfabetización (educación formal básica y media).

– Más de 80.000 víctimas se beneficiarán con financiación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior.

– Se apoyarán emprendimientos e iniciativas de negocio de más de 250.000 víctimas, se fortalecerán negocios de más de 600.000 víctimas y se beneficiará a más de 20.000 víctimas con programas de generación de ingresos y autoempleo.

– Anualmente, se brindarán servicios de formación profesional integral a 470.000 víctimas y de orientación ocupacional a más 230.000 víctimas.

– Más de 12.000 víctimas con emprendimientos recibirán orientaciones para fortalecerlos mediante asistencia técnica, capitalización o gestión comercial.

– Se logrará que más de 6.000 jóvenes entre los 16 y los 21 años que cuenten con encargo fiduciario sean capacitados en habilidades blandas (liderazgo, relacionamiento), transversales y en orientación vocacional.

– Aproximadamente 30.000 personas por año recibirán orientación y asesoría para la inversión adecuada de los recursos que reciben las víctimas, a título de indemnización administrativa, con el fin aportar en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Trabajo de entidades

Con estas y más acciones previstas en la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas se contribuye a implementar iniciativas de prevención en los territorios mayormente afectados por el conflicto armado; también a acceder a la oferta social del Estado según las vulnerabilidades identificadas a partir de los criterios de focalización definidos.

La implementación se desarrollará con el trabajo mancomunado de las siguientes entidades: Departamento Nacional de Planeación; Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Cultura, y Departamento Administrativo de Presidencia de la República.

Además participan el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; Centro Nacional de Memoria Histórica; Unidad de Restitución de Tierras; Unidad Nacional de Protección; Servicio Nacional de Aprendizaje; Fiscalía General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Agencia Nacional de Tierras; Agencia de Desarrollo Rural; Agencia de Renovación del Territorio; Servicio Público de Empleo; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Superintendencia de Notariado y Registro; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Jurisdicción Especial para la Paz; Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

El Documento CONPES se trabajó de manera articulada entre el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), con el propósito de brindar los lineamientos para la garantía de los derechos de las víctimas individuales y colectivas, acorde con la prórroga de la vigencia de la Ley de Víctimas. (Consulte aquí el documento CONPES).

(Con información del DNP)