–Ante un juez de control de garantías de la ciudad de Sincelejo (Sucre), fue presentado por la Fiscalía el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo para el desarrollo de las audiencias concentradas en el proceso por su presunta participación en el asesinato de tres jóvenes en Chochó, en el departamento de Sucre. El juez declaró legal la captura al cumplirse todos los requisitos establecidos por la ley.

En ese sentido la Fiscalía destacó que al oficial se le respetaron y garantizaron sus derechos como persona privada de la libertad, al tiempo que se dispusieron los protocolos de seguridad para su traslado a las celdas transitorias del búnker de la Fiscalía.

La Fiscalía vinculará a Núñez Jaramillo en la investigación penal por su presunta participación en el homicidio de tres jóvenes en Chochó (Sucre), el pasado 25 de julio y le imputará los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, el excomandante operativo de la Policía Sucre fue capturado por funcionarios del Grupo de Estrategias Especiales del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en la zona de migración del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial.

La detención se produjo el pasado sábado 10 de septiembre luego de arribar al país en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México, procedimiento que fue apoyado por La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), integrantes del Grupo Marshalls de los Estados Unidos y Migración Colombia.

Funcionarios de CTI de la Fiscalía trasladaron al bunker a los otros seis patrulleros vinculados a la investigación, quienes se encontraban en la ciudad de Sincelejo (Sucre). Posteriormente fueron llevados a la cárcel Picota de Bogotá donde se encuentran recluidos.

El pasado 31 de agosto, un juez con función de control de garantías de Sincelejo impuso medida de aseguramiento y envió a la cárcel a 10 policías que estarían implicados en el asesinato de los tres jóvenes.

Ellos son los patrulleros Uber Guillermo Mieles Arroyo, Diana Marcela Puerta Rodríguez, Bernardo Pontón Mercado y Leila Carolina Ávila.

Estos fueron acusados de retener en la vía que de Chochó conduce a Sincelejo, a las víctimas, José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterrosa y a Carlos Alberto Ibáñez Mercado.

Según la investigación los muchachos fueron obligadas a tenderse en el suelo donde habrían sido golpeadas y heridas con armas contundentes y cortopunzantes por los policiales, quienes presumiblemente y sin fundamentos alguno los relacionaron como responsables de la muerte patrullero Diego Felipe Ruíz Rincón, ocurrido minutos antes en Sampués (Sucre).

Tras ser contactados por radio al lugar habrían arribado en dos camionetas oficiales; el teniente coronel Benjamín Darío Núñez, la subteniente María Camila Buriticá Valencia y los patrulleros Jesús María Bolaño Castro, Rafael Paz Barboza, Santiago Garavito Díaz, Yamit Alfonso Henao Araque y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo.

El material probatorio recaudado demostró que las víctimas fueron obligadas a subir al platón de uno de los vehículos, en el que se subió el teniente coronel. La camioneta tomó la vía que conduce de La Palma hacia Sincelejo. En dicho trayecto, presumiblemente, el oficial accionó en varias oportunidades su arma de dotación contra Arévalo Contreras, Díaz Monterrosa e Ibáñez Mercado.

Al parecer, uno de los uniformados intentó ocultar los orificios que quedaron en el vehículo, producto de los disparos que les causaron la muerte a los tres jóvenes. Con este tipo de acciones, los procesados habrían intentado ocultar la evidencia que estaba siendo recopilada por los investigadores del CTI que realizaban trabajos para esclarecer el hecho.

El patrullero Uber Guillermo Mieles Arroyo presumiblemente entregó información falsa en los reportes oficiales, para hacer creer que las víctimas presentaban heridas graves, presuntamente, causadas con anterioridad a ser detenidos.

Por estos hechos los procesados fueron capturados el pasado 22 de agosto por servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

De acuerdo al grado de participación de los supuestos responsables del triple homicidio, la Fiscalía imputó delitos de homicidio agravado, tortura agravada, privación ilegal de la libertad; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; favorecimiento y falsedad ideológica en documento público.