–El Centro de Estudios de ANIF advirtió que el mecanismo mediante el cual el presidente Gustavo Petro propone para otorgarle una mesada de 500 mil pesos a 3 millones de adultos mayores que hoy no disfrutan de una pensión, «no es conveniente ni adecuado», pues, asegura, generaría un impacto fiscal sin precedentes para el país de más de 580 billones de pesos en 35 años.

Según ANIF, «si bien es claro que brindar una mesada a los adultos mayores en vulnerabilidad es loable y la apoyamos, el mecanismo mediante el cual se pretende financiar la propuesta no es el correcto y sería un error severo».

Subraya que la discusión no es la propuesta sino la manera de implementarla y financiarla. La forma con la que el presidente propone financiar la propuesta de pensión universal acabaría con el ahorro corriente del sistema pensional, aumentaría la deuda pensional del país e iría en detrimento de las finanzas públicas en el largo plazo.

Explica que para financiar el plan, Petro propone utilizar parte del aporte que hacen hoy los afiliados a fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual (RAIS). Es decir, los más de $18 billones (1.5% del PIB) anuales que costaría la propuesta se financiarían con el flujo del ahorro privado de los individuos afiliados actualmente al RAIS. Dichos recursos pasarían a Colpensiones para distribuirse entre aquellas personas en edad de pensión que no reciben ingresos.

Reseña que ANIF ha propuesto en pasadas ocasiones brindar una mesada mínima a los adultos mayores en condición de pobreza, pero de una manera sostenible, que vaya acorde con la realidad fiscal del país y solucionando primero los problemas de fondo del Régimen de Prima Media, RPM, y del sistema pensional en su conjunto.

Especifica que su propuesta tiene dos enfoques principales: Primero, introducir una transferencia mínima para los 3.4 millones de adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema, pero además un esquema novedoso de incentivos al ahorro, donde el Gobierno aporta un porcentaje adicional según el ahorro de los individuos, fortaleciendo y ampliando los programas ya existentes de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Colombia mayor.

La transferencia mínima sería financiada con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional o directamente con recursos del PGN a todos los adultos mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, igual a $161 pesos, asegurándoles un ingreso durante su vejez. Así, buscamos incluir a aquellos que históricamente han estado excluidos de la protección social (personas con ingresos menores al salario mínimo, informales) pero acorde con las realidades fiscales del país.

Segundo, puntualiza, buscamos resolver el problema de la mala focalización de los subsidios del RPM, garantizando que se dirijan a la población de menores ingresos por medio de una nueva estructura de la tasa de reemplazo más progresiva. La propuesta de una tasa de reemplazo progresiva es alta para los primeros tramos (menores ingresos), donde se concentra la mayor parte de la población, y baja en los tramos correspondientes a los mayores ingresos. Es decir, la nueva estructura progresiva mantendría los subsidios implícitos pensionales en las personas de bajos ingresos, pero los eliminaría en las mesadas altas.

Indica que con eso, «esperamos dar insumos para resolver el problema de cobertura, equidad y, a su vez, sostenibilidad del sistema. A diferencia de la propuesta del gobierno, la que proponemos genera un ahorro en el largo plazo que puede llegar a representar $14 billones de pesos anuales».

Finalmente, ANIF presenta las siguientes conclusiones:

La manera de implementar la propuesta de la pensión universal del presidente Petro y la forma de financiarla no es conveniente ni adecuada. Generaría un impacto fiscal sin precedentes para el país de más de $580 billones de pesos en VPN (valor presente neto) en 35 años.

De no llevar a cabo una reforma estructural que realmente solucione los problemas de fondo del sistema pensional, empeorará la alta desigualdad de ingresos que ya existe en Colombia, se continuarán debilitando las finanzas públicas y aumentará el déficit fiscal y la deuda.

Reconocemos que es necesario amparar a las personas en edad de pensión que actualmente no reciben ningún ingreso. Pero para lograrlo se deben buscar mecanismos de financiación responsables que no atenten contra la estabilidad de las finanzas públicas ni contra el incentivo al ahorro. Adicionalmente, se debe adelantar una reforma pensional estructural que busque primero resolver los problemas de fondo del sistema pensional.

Hacemos un llamado a revisar el tema con seriedad. Reiteramos que el problema pensional no es uno que se pueda debatir superficialmente, pues son los ahorros de los colombianos, la pobreza, la equidad y la sostenibilidad fiscal del país los que están en juego.