El trabajo liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), permitió afectar de manera estructural a una organización criminal dedicada al contrabando transnacional de cigarrillos.

Labores de policía judicial adelantadas mancomunadamente por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Fiscal y Aduanera posibilitaron la judicialización de 10 presuntos integrantes de esta red dedicada a introducir ilegalmente al país, múltiples cargamentos de cigarrillos de diferentes marcas.

El material probatorio recaudado por el ente investigador evidenció que la red ilegal aprovechaba su experiencia en el sector de transporte de carga para constituir empresas fachada dedicadas, presumiblemente, a movilizar mercancía por el territorio nacional.

La evidencia física recopilada determinó, además, que dicha organización ubicaba tractomulas y camiones de su propiedad en puntos específicos como lo son los puertos de Maicao (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar) donde eran cargados con cigarrillos provenientes principalmente de Panamá y Aruba.

El trabajo investigativo permitió identificar que, dicha mercancía era ingresada a territorio nacional evadiendo los controles aduaneros respectivos y, luego, era transportada a distintas ciudades. Otro tanto, era trasladada a Ecuador donde, debido al cambio de la divisa, la actividad ilegal resultaba mucho más lucrativa para la red delincuencial trasnacional.

Según la investigación, esta organización estuvo dedicada al contrabando de cigarrillos por un espacio cercano a los 10 años, período en el que habría alcanzado millonarias utilidades producto de la actividad al margen de la Ley.

Los 10 procesados deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado y favorecimiento de contrabando.

Extinción a bienes por 27 mil millones de pesos

De manera paralela, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 68 bienes que habrían sido dispuestos por la red de contrabando para, presuntamente, incurrir en las actividades ilegales.

Se trata de 1 establecimiento de comercio, 20 inmuebles entre rurales y urbanos, 45 vehículos y 2 sociedades. Los bienes se encuentran ubicados en Ipiales (Nariño), Guavatá (Santander), Acacías (Meta), Madrid, Apulo, Tabio, Fusagasugá y Bogotá (Cundinamarca). Su valor preliminar se calcula en 27.000 millones de pesos.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados con medidas cautelares.