La Superintendencia Nacional de Salud prendió alarmas por el preocupante aumento que presenta la mortalidad materna y perinatal, y urgió a las entidades administradoras de recursos para que cumplan con la obligación de proteger a las mujeres en embarazo y asegurar el cuidado de la población en sus primeras etapas de vida.

Durante una reunión para analizar la realidad de esta problemática con los representantes de las entidades que administran los planes de beneficios y que deben encargarse del aseguramiento de la población afiliada en todos los regímenes, el Superintendente Ulahí Beltrán López reveló que, desde la perspectiva de la entidad, muchos de los casos de mortalidad materna temprana registrados en los últimos dos años y medio corresponden a muertes evitables, tanto de maternas como de recién nacidos.

“No podemos seguir como venimos y por ello la inmediatez en el timonazo que deben dar estas administradoras para que su nivel operativo se encargue de hacer las cosas como deben hacerse. Todos los usuarios tienen igual derecho a recibir la atención que se merecen; parece como si las maternas no contaran con protección desde el aseguramiento y vamos a seguir trabajando hasta que el derecho y el respeto a la salud se vuelvan costumbre”, aseguró el Superintendente.

Beltrán López se comprometió a hacer una vigilancia más estricta en el paso a paso de la atención que se viene prestando a las maternas por parte de las administradoras de recursos.

“Las personas fallecidas estaban afiliadas por las entidades administradoras de recursos; y comprobar que fallecieron sin contar con los diferentes componentes de atención que debieran haber recibido por responsabilidad de quienes las tenían afiliadas dentro del esquema contributivo o subsidiado, evidencia que el aseguramiento no viene cumpliendo con su labor de protección a las personas cuando están sanas ni de atención a los enfermos cuando requieren los servicios correspondientes”, agregó el Supersalud.

Cifras alarmantes

Según las cifras oficiales, el indicador denominado ‘razón de mortalidad materna a 42 días por régimen’ pasó de 55,77 muertes en 2019 a 87,21 en 2021, el más alto en la historia reciente de esta medición epidemiológica que hace el Instituto Nacional de Salud. En lo corrido de este año se ubica en 75,09.

Si bien el régimen subsidiado muestra los mayores casos de mortalidad materna, en el régimen contributivo se observa un fuerte salto cuantitativo de esta mortalidad, toda vez que el indicador pasó de 29,94 en 2019 a 75,00 en 2021.

Las entidades administradoras de recursos (EPS) que en el régimen contributivo registran los peores indicadores en este ítem son Famisanar, Compensar, Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y SOS. Por su parte, los mayores niveles de mortalidad materna en el régimen subsidiado se presentan en Comfaguajira, Mallamás, Comfachocó, Anaswayuu, Dusakawi y Emssanar, especialmente en los departamentos de Chocó, La Guajira y Arauca.

De frente a los representantes de las EPS y los regímenes excepcionales les recordó que los recursos hay que usarlos en beneficio y protección de los dueños del sistema, que son los ciudadanos. “No vamos a permitir comportamientos no coherentes con las obligaciones que tienen las administradoras de recursos, porque es mejor prevenir que inducir a la siniestralidad”, agregó el Superintendente.

En la reunión, el viceministro de Salud y Protección Social, Jaime Hernán Urrego, presentó las bases de un ‘plan de choque’ que contiene acciones contundentes para dar garantía de atención a gestantes y recién nacidos y que deberán ser cumplidas por todos los actores del sistema para reducir la mortalidad materna y perinatal.

“El objetivo es reducir la mortalidad materna a través de la implementación de acciones estratégicas y operativas sectoriales e intersectoriales, en todo el territorio nacional, pero de manera preferencial en las entidades territoriales priorizadas que cumplen con los criterios focalizados. Todo esto, para salvaguardar los derechos en salud de los usuarios”, concluyó Beltrán.