— La Procuraduría General de la Nación formuló cargos este jueves contra los patrulleros de la Policía, Andrés Eduardo Díaz Mercado y Luis Ángel Piedrahita Hernández por su presunta responsabilidad en las muertes de Germán Smyht Puentes Valero en Bogotá y de un menor de edad en Cali, cuya identidad se mantiene en reserva por disposiciones legales, según afirma el organismo de control.

El caso de Bogotá ocurrió el 9 de septiembre de 2020 durante las manifestaciones sociales que terminaron en disturbios y con el intento de incendio al CAI del barrio El Rincón, localidad de Suba. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Procuraduría, el patrullero habría utilizado de manera inadecuada su arma de dotación cuando uno de ellos le asestó una patada y salió corriendo, el agente disparó su arma, como quedó registrado en el video de una cámara de seguridad del sector que luego se hizo público.

“El homicidio del señor Germán Smyht Puentes Velero ocurrió de manera violenta en una vía pública, en la carrera 93 con calle 128C, en frente del CAI Rincón de Suba en la ciudad de Bogotá, a las 20:35:42 horas del 9 de septiembre de 2020, de conformidad con el video de una cámara de seguridad de ese sector”, asegura la investigación del Ministerio Público.
En Cali, el 28 de abril de 2021, el patrullero Piedrahita Hernández “se desplazaba en su motocicleta para prestar apoyo en el control de las manifestaciones que se presentaban en el barrio República de Israel, cuando fue agredido por el menor de edad, quien le propinó una patada por la espalda. Acto seguido el joven salió a correr, momento en que el uniformado disparó su arma de dotación en contra de aquel, lo que causó su muerte dada la gravedad de las heridas” se relata en la providencia.

La conducta de los patrulleros fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo por cuanto, “a pesar de tener el conocimiento de los deberes constitucionales y legales que les son exigibles a los servidores del Estado y estar formado técnicamente (…), utilizaron sus armas de dotación de manera libre y voluntaria, conociendo su letalidad, en una jornada de manifestaciones donde se encontraban presentes muchos ciudadanos”, se asegura en las providencias.

El proceso pasará a las procuradurías delegadas para el juzgamiento, quienes se encargarán de la etapa de juicio disciplinario.