–Una denuncia constitucional contra el presidente izquierdista Pedro Castillo presentó este martes la Fiscalía General del Perú. En la acusación se acusa a Castillo de ser el presunto jefe de una organización criminal “enquistada” en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración que empezó en julio del año pasado.

“Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, ha señalado Patricia Benavides, fiscal de la Nación, en una conferencia virtual.

La respuesta del presidente Castillo no tardó en llegar. “Hay denuncias constitucionales, persecución, y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy, y si tiene que correr mi sangre lo voy a hacer, y si tengo que entregar mi vida lo voy a hacer”, comentó el mismo martes durante una aparición pública.

La situación legal de Castillo se encuentra en jaque por los casos Puente Tarata III y Petroperú. Según la resolución fiscal, a la que la Voz de América accedió, se le imputan diversas responsabilidades.

En un primer asunto, el mandatario peruano habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiar con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se confabuló con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva.

En el segundo asunto, el profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel. La operación se hizo realidad cuando el dueño de la citada compañía, Samir Abudayeh, tuvo una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno.

Aparte de Castillo también están involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), quienes serían sus lugartenientes de esta red criminal.

Hay que mencionar que el presidente de Perú también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un “presunto encubrimiento” para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.

También se dispuso la detención de cinco exasesores del presidente: Abel Cabrera, Auner Vásquez, Biberto Castillo y Eder Viton. Según la fiscalía, estas personas formaron un gabinete paralelo al de los ministros de Estado y habrían tomado decisiones con la venia de Pedro Castillo en el gobierno.

Además, se allanó la casa de otro de sus asesores Beder Camacho, quien habría facilitado una conversación entre Pedro Castillo y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto sucedió, de acuerdo con la Fiscalía, días después del 14 de mayo, fecha en que se celebró el Día de la Madre, en la que el mandatario peruano le habría planteado a su homólogo que le otorgue asilo político en Venezuela a su exsecretario Bruno Pacheco y a sus sobrinos.

La respuesta de Maduro habría sido positiva, pues “le daba todo su respaldo” a Castillo. Días después, el embajador de Venezuela le entregó a Beder Camacho Gadea los requisitos que debía de presentar para hacer efectivo el asilo.

Sin embargo, al final, el pedido no se concretó porque Bruno Pacheco se entregó a la justicia.

Más temprano, los fiscales y la policía allanaron las oficinas de hasta seis legisladores y la vivienda de la hermana del presidente.

Los fiscales investigan a los legisladores, que pertenecen a distintos partidos del Congreso, dominado por la oposición, por presuntamente beneficiarse con obras y colocar a funcionarios en puestos claves, a cambio de apoyar la gestión de Castillo. (Información Voz de América).