Por: Luis Eduardo Forero Medina
Chile, Colombia, El Salvador y Perú adelantan hace varios años proyectadas reformas laboral y pensional a través de diálogos tripartitos entre trabajadores, empleadores y Estado, que aún no han visto la luz; en Chile hace cinco años se discute el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales; en Colombia han transcurrido más de tres décadas sin que se expida el Estatuto del Trabajo, previsto en la Constitución de 1991.
En El Salvador rige un Código de trabajo obsoleto, que cumplió medio siglo, con normas sancionatorias ridículas que aprovechan los empleadores que son sancionados por desconocer derechos a los trabajadores, como sucede igualmente en Perú, que se ha convertido en un islote en América porque después de pasados más de 100 años desde que el país pertenece a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se ha promulgado su primer Código del Trabajo, y del recientemente aprobado se teme el impacto negativo que de aplicarse tendría.
Aunque la masa trabajadora de cada uno de esos países es diversa, – Colombia, 22,02 millones; Perú, cerca de 17 millones; Chile, 9 millones aproximadamente y El Salvador, unos 900 mil trabajadores- los problemas laborales, incrementados por el efecto severo de la pandemia y sus consecuencias posteriores, son comunes, heredados por décadas, que han llevado al menoscabo de los derechos laborales tanto de empleados activos como de retirados, este último segmento , la mayoría sin una jubilación al final de su vida laboral, por la inoperancia de la afiliación a la seguridad social integral que padece la mayor parte de la fuerza laboral de cada país. Los informales, representados la mayor parte por mujeres y niños, en Colombia significa, según cifras oficiales, el 58 % de la población económicamente activa, afectando especialmente el campo, donde esa cifra es del 86%. Desde hace un quinquenio, en Perú la informalidad repercute en el 75% del mercado laboral, muy distante de Chile, donde la tasa de informalidad llegó a aproximadamente el 28%, y en El Salvador, de acuerdo a la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito), por la pandemia se habrían perdido entre 350 y 550 mil empleos entre ellos, 140,000 empleos del sector formal. La tercerización laboral en estos países no está prohibida, presentándose mayormente en el sector público que en el privado; en Perú, por ejemplo, en la minería, de cada 10 trabajadores que sufren accidentes laborales, 8 son tercerizados y no gozan de los mismos beneficios que sus similares que están en la planilla.
El sistema de seguridad social integral en estos países se mueve desde el calificado por diferentes autores como “generoso”, en El Salvador, (Artana, 1999; Mesa-Lago, Córdova y López, 1994), hasta “mezquino”, en países donde los recogedores de café por años, aportan a la fama de este producto a nivel mundial, sin que hubieran sido afiliados oportunamente a la seguridad social, Gobierno tras gobierno han intentado reformas previsionales en estos países, siendo postergados varias veces, quedándose sin mejorar las pensiones de los futuros jubilados y de los actuales pensionados, sin ampliar la cobertura pensional a la mayoría de trabajadores. La discusión al respecto se ha dilatado en Chile, presentándose cambios en las tres oportunidades que se ha colocado la reforma pensional a consideración del legislativo; en Colombia la reforma pensional sí que es primordial, toda vez que sólo la mitad de los trabajadores cotiza a pensiones (DANE), presentándose contrastes como el del sector cafetero, gremio insigne de la economía nacional colombiana, los recogedores hoy en día no cuentan con protección social. En Perú, calcula el INEI, solo un 35% de los adultos mayores se encontraba afiliado a un sistema de pensiones, y los que gozan de esa prestación, pasa el tiempo sin que se les reajuste su valor. En estos países diversos trabajadores pertenecen a una segunda categoría; en El Salvador se presentan injusticias tan aberrantes, como los referidos a los empleados temporales y en periodo de prueba que no son afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en cuanto a cobertura médica, o en el Perú que el salario mínimo y las pensiones han quedado congeladas desde hace varios años.
Los países objeto de esta nota no escapan a la generalizada desigualdad salarial entre el hombre y la mujer; aun en materia pensional; en El Salvador, las mujeres, en general, reciben pensiones menores que las de los hombres; al disfraz que le colocan a la relación laboral, llamándola contrato de prestación de servicios no laboral, como en Colombia, o el ancestral abandono en que se encuentran las trabajadoras del servicio doméstico, la ausencia de trabajo decente, la no erradicación del trabajo en niños y niñas, las aplicaciones de entregas domiciliarias y transporte de pasajeros puerta a puerta, que continúan sin reglamentar laboralmente, los numerosos impactos que ha tenido en hombres y mujeres la implementación de la Ley de Teletrabajo en los países, y los principales desafíos que persisten a futuro; la misma ausencia de la inspección de trabajo en las zonas rurales de estas naciones, pero sobre todo la pérdida del valor adquisitivo de los salarios que impone una congelación de los precios de la canasta familiar.
@luforero4
