–El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela es una oportunidad para que el presidente Gustavo Petro juegue un papel relevante protegiendo los DD.HH de los venezolanos, restablecer el Estado de derecho y terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Eln. “Le pedimos que no la desaproveche”.

Las precisiones corresponden a una extensa carta que envió al mandatario colombiano la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, en la cual advierte que Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela.

Por ello pide a Petro “priorizar la obtención de compromisos concretos de las autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese más asistencia humanitaria; restablecer el Estado de derecho; terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Ejército de Liberación Nacional (Eln); y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países”.

Sobre el grupo gerrillero señala que sus investigaciones sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), “han llevado a cabo operaciones conjuntas con integrantes del Eln y han sido cómplices en sus abusos”.

Finalmente la director para las Américas de Human Rights Watch insta al presidene Petero a que, mientras su gobierno evalúa mecanismos de cooperación con el gobierno de Maduro, considere coordinar estrategias para prevenir la trata de personas, asistir a las víctimas y judicializar a los responsables de estos hechos.

Este es el texto integral de la misiva:

Washington, D.C., 24 de octubre de 2022

Gustavo Petro
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Bogotá, DC – COLOMBIA

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a S.E. con el propósito de instarlo respetuosamente a que, a la luz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, su gobierno se mantenga firmemente enfocado en abordar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. En sus conversaciones con el gobierno de Maduro, Colombia debe priorizar obtener compromisos concretos de las autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese más asistencia humanitaria; restablecer el Estado de derecho; terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países.

Venezuela se enfrenta a una crisis humanitaria y de derechos humanos que ha obligado a más de 7,1 millones de personas a huir de su país. La Misión Internacional de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha concluido que existen “motivos razonables para creer que . . . se han cometido crímenes de lesa humanidad” por parte de las autoridades venezolanas, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas. A su vez, Human Rights Watch ha documentado la desprotección y abusos que sufren la población colombiana y los migrantes en diversas zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela.

La respuesta de Colombia ante el éxodo venezolano ha sido mayormente ejemplar, a pesar de los desafíos inmensos que plantea ese enorme flujo migratorio, así como las consecuencias económicas de la pandemia. Celebramos los pasos históricos que se han dado para otorgar estatus legal a los venezolanos que debieron huir de su país, incluyendo a través del Estatuto Temporal de Protección adoptado en marzo de 2021. La implementación de este programa podría representar un modelo para la región en un contexto en el cual varios gobiernos han ido en la dirección contraria, adoptando políticas que violan los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y restringen su posibilidad de obtener asilo o estatus legal.

En el pasado, el gobierno de Maduro, que se aferra al poder a través de una maquinaria represiva, no ha hecho ninguna concesión voluntariamente. Por el contrario, ha violado en forma reiterada los derechos de los venezolanos de postularse a cargos públicos y votar en elecciones libres y justas, incluso a través de la inhabilitación arbitraria de opositores políticos.

Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela, en particular, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de cara a las elecciones programadas para 2024[1].

La presente carta detalla nuestras recomendaciones centrales para el gobierno de Colombia en su nueva relación con Venezuela.

Promover avances para los derechos humanos en Venezuela

Las autoridades venezolanas siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos, que incluyen el hostigamiento y el procesamiento arbitrario de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La organización venezolana Foro Penal ha contabilizado que, a la fecha, hay 245 presos políticos[2]. Muchos detenidos han sufrido torturas gravísimas, tales como descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y violencia sexual.

Las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales en las cuales ubicaban armas y drogas con fines incriminatorios o efectuaban disparos contra muros o al aire para simular que las víctimas habían muerto en “resistencia a la autoridad”[3]. Entre 2016 y 2019, más de 19.000 personas murieron en circunstancias de supuesta “resistencia a la autoridad”, que en muchos casos constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Estas muertes siguen ocurriendo al día de hoy, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[4].

En 2020, la identificó motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad[5]. Más recientemente, en septiembre de 2022, la Misión informó que los servicios de inteligencia cometieron estos crímenes siguiendo órdenes de autoridades de alto nivel, incluyendo de Nicolás Maduro, conforme a un “plan” para reprimir a opositores[6].

Venezuela también atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, en un contexto en el cual millones de personas no tienen acceso a atención médica ni a nutrición adecuadas. El colapso del sistema de salud de Venezuela ha posibilitado el resurgimiento de enfermedades infecciosas que son prevenibles con vacunación[7]. En marzo, cerca de 8,4 millones de personas gravemente enfermas tenían dificultades para acceder a servicios médicos, según señaló HumVenezuela, una plataforma independiente que monitorea la emergencia humanitaria[8]. El deterioro en la prestación de servicios de salud sigue forzando a muchos venezolanos a cruzar la frontera hacia Colombia en busca de medicamentos, insumos médicos, proveedores sanitarios y servicios de salud básicos.

El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela no es un motivo para guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en el país. De hecho, el restablecimiento total y funcional de las relaciones diplomáticas y consulares, incluido cualquier tipo de cooperación militar, requiere que los gobiernos colombiano y venezolano adopten medidas progresivas. Esta situación debe considerarse una oportunidad para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas, tales como la liberación de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria o permitir que veedores internacionales visiten a quienes están detenidos arbitrariamente en instalaciones de los servicios de inteligencia. En este sentido, consideramos positivos los reportes sobre que su gobierno le habría pedido a Nicolás Maduro que vuelva a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo llamamos a hacer esfuerzos más contundentes para obtener compromisos concretos en materia de derechos humanos[9].

Su gobierno también debería promover que la comunidad internacional movilice más ayuda humanitaria para contribuir a atender la crisis y, aprovechando el acceso que tiene a las autoridades venezolanas, solicitar que apoyen la implementación efectiva de una respuesta humanitaria a gran escala, desligada de fines partidistas. En la actualidad, el Plan de Respuesta Humanitaria brinda mucha más ayuda a la población venezolana de la que llegaba hace años. Sin embargo, contando con tan solo el 16,5% de los fondos requeridos, su financiamiento sigue siendo absolutamente insuficiente[10]. También deben impulsarse esfuerzos para que se preste apoyo humanitario adecuado a los venezolanos y a la población colombiana vulnerable en la frontera[11].

El gobierno colombiano debería apoyar los esfuerzos internacionales orientados a investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, un incentivo clave para que el gobierno de Maduro vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones. En este sentido, nos causó decepción que su gobierno no formara parte del grupo de gobiernos de todo el arco político —Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay— que lideró la iniciativa para extender el mandato de la Misión Internacional de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. En 2019, Colombia formó parte del grupo que gestó la creación de este importante mecanismo internacional independiente. Chile, otro país latinoamericano en el cual hubo elecciones y ahora existe un gobierno de centroizquierda, siguió siendo parte de estas iniciativas.

También nos preocupan las declaraciones de su gobierno acerca de que está evaluando la posibilidad de retirar la remisión de Colombia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela[12]. Si bien tal decisión no tendría efecto legal alguno en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país en manos de la Fiscalía, retractarse de esa remisión mientras en Venezuela siguen bloqueadas las vías para la rendición de cuentas a nivel doméstico, sería un pésimo mensaje sobre el compromiso de su gobierno para que las víctimas de crímenes internacionales en Venezuela tengan acceso a la justicia.

Facilitar negociaciones genuinas para restablecer el Estado de derecho
A la luz de nuestros hallazgos sobre abusos sistemáticos cometidos en Venezuela, creemos que la mejor forma de proteger derechos humanos en el país es a través de una negociación que sea seria y genuina. Para que eso sea posible, tal negociación debe incluir compromisos tangibles para reinstaurar el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela, así como un monitoreo y supervisión internacional rigurosos de la implementación de los acuerdos alcanzados. Está en el mejor interés de Colombia que se adelante un proceso de negociación de este tipo de forma exitosa.

Algunos intentos de negociación anteriores, más recientemente en Barbados en 2019, no prosperaron. Las negociaciones actuales, que se llevan a cabo en México con la facilitación de Noruega, están formalmente suspendidas desde la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Saab, un aliado del gobierno de Maduro. Las conversaciones en curso para negociar que llegue más ayuda humanitaria al pueblo venezolano son imperiosas para mejorar la vida de numerosos venezolanos. Sin embargo, las negociaciones deberían tener una agenda de derechos humanos que vaya más allá de mejorar la situación humanitaria en el país, y deberían incluir pasos concretos para asegurar que se respeten los derechos fundamentales y se celebren elecciones justas y libres.

Las conversaciones con el gobierno de Maduro que fueron propiciadas por la reapertura de las fronteras y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ponen a su gobierno en una posición única para impulsar una negociación real entre el gobierno de Maduro y líderes de la oposición venezolana. Colombia tiene la oportunidad de desempeñar un papel positivo y proactivo para que estas negociaciones incorporen compromisos claros para restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela, lo que incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y permitir que ingrese al país ayuda humanitaria apolítica[13].

Dado que en el pasado las autoridades venezolanas no han hecho concesiones de manera voluntaria, para proteger verdaderamente los derechos de las víctimas resulta esencial que su gobierno apoye un escrutinio internacional que documente abusos y, a su vez, contribuya a negociaciones genuinas orientadas a restablecer el Estado de derecho en el país.

Abordar la violencia y los abusos en la frontera

Desde 2018, Human Rights Watch ha documentado múltiples abusos cometidos por grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela, en particular, en la región de Catatumbo y el departamento de Arauca en Colombia, y el estado venezolano de Apure[14].

Varios grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han cometido asesinatos de líderes sociales y otros civiles, reclutamiento de menores, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros graves abusos. Más recientemente, los combates entre el ELN y una coalición de disidencias de las FARC que se hace llamar Comando Conjunto de Oriente provocaron un aumento drástico de la violencia en Arauca y Apure[15].

Nuestras investigaciones sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), han llevado a cabo operaciones conjuntas con combatientes del ELN y han sido cómplices en sus abusos[16]. La Misión de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos recientemente identificó evidencias creíbles de que “existen vínculos de colaboración entre el Gobierno venezolano y el ELN” y de que el gobierno “permitió la entrada del ELN” en la región del Arco Minero[17].

Estamos realizando un seguimiento atento de la implementación de la política de su gobierno sobre “paz total” y, como señalamos en una carta anterior, creemos que esta estrategia podría ayudar a promover los derechos humanos, si se diseña e implementa adecuadamente[18]. Abordar la violencia en la frontera también requiere ampliar el acceso a las instituciones estatales y establecer una política de seguridad sólida que priorice la protección de la población civil y el desmantelamiento integral de los grupos armados al enfrentar sus economías y redes ilegales, así como el lavado de dinero.

Sin embargo, cualquier política de seguridad enfrentará desafíos inmensos si los grupos armados en Colombia pueden usar a Venezuela como retaguardia estratégica y actuar con la colaboración o aquiescencia de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

El gobierno colombiano debería supeditar cualquier cooperación militar con Venezuela al cese inmediato de la complicidad con los grupos armados, así como a un compromiso de abordar la falta de independencia judicial en el país, a fin de que, en el futuro, los funcionarios responsables de estos hechos sean investigados y llevados ante a la justicia. A su vez, Colombia debería adoptar medidas para monitorear si persiste tal complicidad; por ejemplo, al recibir información de forma periódica de organizaciones de derechos humanos que documentan la situación en Venezuela y en la frontera.

Enfrentar la trata de personas

Desde 2019, Human Rights Watch ha documentado casos de trata de víctimas venezolanas, sobre todo en la frontera[19]. Muchas de estas personas, en su mayoría mujeres y niñas, son víctimas de explotación sexual; por ejemplo, aunque no únicamente, en “casas webcam”[20]. La información oficial disponible, aunque es limitada, sugiere que hubo un aumento de estos casos en los últimos años[21].

Las autoridades colombianas han dado algunos pasos para responder a estos delitos, por ejemplo, estableciendo comités municipales y departamentales contra la trata de personas y formulando una estrategia específica para que la Fiscalía General de la Nación investigue y persiga penalmente estos abusos[22]. Sin embargo, estos esfuerzos han sido claramente insuficientes.

Según nuestras entrevistas en terreno y la información proporcionada por autoridades gubernamentales, una deficiencia fundamental es que pareciera haber una comprensión limitada de la magnitud y gravedad de estos delitos por parte de numerosas autoridades locales y nacionales en Colombia. Existe un subregistro importante en el número de casos denunciados de trata de personas y muchas autoridades locales no entienden cabalmente la definición legal de este delito[23].

Hasta marzo de 2022, 120 municipios del país habían creado comités interdisciplinarios para brindar asistencia a víctimas de trata de personas. Sin embargo, algunos de estos comités nunca se han reunido o no cuentan con presupuesto para funcionar[24]. Según la información limitada que nos proporcionó el Ministerio del Interior durante el gobierno anterior, cerca de la mitad de las víctimas de trata de personas identificadas por las autoridades desde 2020 parecen haber recibido algún tipo de asistencia inmediata, incluida la asistencia médica, psicológica o legal, y menos de un tercio habrían recibido asistencia de más largo plazo[25]. En muchos casos, las víctimas reciben apoyo de organizaciones no gubernamentales, como Aid for Aids y Funvecuc[26].

Las investigaciones penales de estos casos también han sido limitadas. La Fiscalía General de la Nación informa que ha identificado a 14 personas presuntamente responsables de casos de trata ocurridos entre 2020 y 2022, pero hasta mayo de 2022 ninguna de estas personas había sido imputada, ni mucho menos condenada, por estos abusos[27].

Mientras su gobierno evalúa mecanismos de cooperación con el gobierno de Maduro, lo instamos a que considere coordinar estrategias para prevenir la trata de personas, asistir a las víctimas y judicializar a los responsables de estos hechos. Entre otras medidas, esto exigiría capacitar a autoridades para que tengan una comprensión más clara de estos delitos, asegurar que las personas expuestas a ser víctimas conozcan las rutas de atención existentes y colaborar con otras autoridades, incluida la Fiscalía General de la Nación, para fortalecer la respuesta de las autoridades judiciales y los comités municipales y departamentales contra la trata de personas.

Presidente Petro, confiamos en que pueda tomar en cuenta estas recomendaciones durante el proceso para implementar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro.

Quedamos a su disposición para discutir nuestros hallazgos y recomendaciones sobre los desafíos de derechos humanos a ambos lados de la frontera.

Juanita Goebertus Estrada
Directora para las Américas
Human Rights Watch

Tamara Taraciuk Broner
Subdirectora para las Américas
Human Rights Watch

CC:

Alvaro Leyva Durán, Ministro de Relaciones Exteriore­­s
Iván Velásquez Gómez, Ministro de Defensa Nacional
Alfonso Prada Gil, Ministro de Interior