–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decretó medidas cautelares restaurativas en favor de las víctimas de desaparición forzada en el Canal del Dique, acogiendo las solicitudes que hizo el procurador delegado ante este organismo de justicia transicional, Jairo Acosta Aristizábal, durante la audiencia realizada en Cartagena.

Las medidas fueron adoptadas para facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, y evitar daños que pongan en riesgo sus derechos, a las víctimas de desaparición forzada que se puedan hallar en la zona del el Canal del Dique y ordenó acciones que buscan garantizar la búsqueda, hallazgo y posibles entregas dignas.

“Las medidas cautelares imponen una realidad que el país debe asumir sin excusas: los megaproyectos, en zonas de alta incidencia de desaparición forzada, tienen una obligación moral como paso para reafirmar los valores de una sociedad: se deben incluir procesos exhaustivos de indagación y búsqueda de posibles víctimas”, advirtió el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, el magistrado Gustavo Salazar, en la audiencia sobre el Canal del Dique que concluyó este viernes en Cartagena.

En la diligencia judicial estuvo presente el pleno de la sección: los magistrados Alejandro Ramelli, Raúl Sánchez y las magistradas Reinere Jaramillo y María del Pilar Valencia. Además, las magistradas delegadas de las comisiones Étnica y Territorial, Gloria Rodríguez y Heydi Baldosea, que presentaron sus informes y reflexiones sobre lo que ha sucedido en el Canal del Dique.

Tras escuchar a más de una decena de instituciones del Estado, entre ellos al ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, se le ordenó a este crear una ‘Mesa Técnica’ que trabaje en un protocolo arqueológico forense que debe ser tenido en cuenta en la licitación para restaurar los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Entre otras cosas, este protocolo debe hacer referencia a procesos de monitoreo; registros técnicos, fotográficos, topográficos y arqueológicos; suspensiones temporales de las obras en el frente de trabajo donde ocurra el hallazgo y protección de puntos de interés forense que hagan posible las recuperaciones.

En segundo lugar, se ordenó a Cormagdalena informar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de cualquier tipo de intervención en el Canal del Dique con ocasión o no de emergencias naturales, mientras se encuentre vigente esta medida cautelar. Esto, con el objeto de que se coordinen las acciones previas necesarias para salvaguardar el proceso de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos.

Otra de las decisiones ordena crear una Mesa Interinstitucional de Articulación que deberá expedir unos lineamientos generales que guíen el contenido de protocolos de salvaguarda y protección de los cuerpos esqueletizados no identificados. Este deberá dar directrices precisas para la ejecución de obras civiles en territorios en los que se tengan denuncias, investigaciones judiciales, planes de búsqueda o indicios relevantes sobre puntos de interés forense, especialmente aquellos declarados de importancia estratégica por la UBPD.

También se ordenó a la vicefiscal general de la Nación, Martha Janeth Mancera, que elabore un ‘plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique’, que incluya las graves violaciones a los derechos humanos, en especial las desapariciones forzadas, imputables a grupos armados ilegales, agentes del Estado y terceros civiles.

Finalmente, como medida restaurativa, se ordenó a los gobernadores de Atlántico, Bolívar y Sucre que, de manera coordinada con los alcaldes y alcaldesas de los 20 municipios que atraviesa el Canal del Dique y, en concertación con las víctimas, diseñen e implementen una Ruta de Memoria demarcada por placas conmemorativas y narrativas ubicadas en lugares públicos a lo largo del Canal.

Para la Sección de Ausencia de Reconocimiento, los protocolos ordenados no deben responder a hallazgos fortuitos, sino a un compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. Tal y como lo expusieron en la audiencia, se trata de que el concepto de desarrollo retome una dimensión humana y moral porque una sociedad que avanza no puede pedir que unas personas se sacrifiquen. El desarrollo debe tener en cuenta la tragedia de la desaparición forzada.

La JEP busca un equilibrio entre el desarrollo y las garantías de derechos. Que se desplieguen acciones técnicas con miras a realizar la búsqueda en medio de la gestión de los proyectos. “Ni la consulta previa, ni las obligaciones de búsqueda de las víctimas son concesiones o exigencias desproporcionadas, son derechos fundamentales que deben ser incorporados al progreso, una ruta que nos puede convertir en una sociedad mejor”, advirtió la sección.

En ese sentido, para atender la solicitud de protección de la Ruta Cimarronaje, la magistratura tuvo en cuenta una significativa coincidencia a lo largo de las obras proyectadas en el Canal del Dique y los eventos de desaparición y disposición de cuerpos humanos, en lugares referenciados de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Precisamente, el proceso de contrastación judicial permitió identificar tres patrones.

El primero muestra una alta correlación entre sitios de interés forense y obras de alto impacto cuyo epicentro es el municipio de Calamar, Bolívar. El segundo muestra una alta coincidencia en el tramo final del Canal del Dique, sobre áreas del municipio de Arjona, Bolívar, y la desembocadura del canal en la ciénaga de Cartagena. Y el tercero corresponde a la coincidencia de las obras que impactan el lecho del Canal del Dique.

“Esta es una posibilidad de encuentro entre la producción y la democracia, entre el interés privado, el público y el comunitario. Una oportunidad para restaurar”, concluyeron los magistrados que adoptaron acciones preventivas para las obras de infraestructura que se planeen, diseñen, pongan en marcha, se encuentren en proceso de contratación estatal en cualquiera de sus modalidades y que estén en ejecución sin entorpecer la actividad estatal, económica y la prestación de los servicios públicos como deber general del Estado.

Para el delegado del Ministerio Público, Jairo Acosta Aristizábal, resultaba impostergable la adopción de acciones tendientes a evitar nuevas revictimizaciones como resultado de la ausencia de medidas para preservar cualquier evidencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que se presume que fueron arrojadas a las aguas del canal.

En consideración a lo anterior la magistratura ordenó al Ministerio de Transporte y a la ANI, el diseño, redacción e inclusión de un protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas desaparecidas, en el término de 4 meses.

También constituir, de inmediato, una mesa técnica con la asesoría de la UBPD y el acompañamiento y coordinación de la Procuraduría. El protocolo deberá aplicarse en cualquier tipo de intervención del Canal del Dique, derivada del proceso contractual en curso o de aquellos que lo adicionen, modifiquen o transformen.

Así mismo, debe contemplar, tal como lo solicitó la Procuraduría en la audiencia, que el protocolo no solo establezca hallazgos fortuitos de cuerpos, sino la garantía de los derechos relacionados con la búsqueda, exhumación, tratamiento, entrega digna y demás actividades respecto de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

Frente a la reiterativa solicitud del Ministerio Público de garantizar la articulación interinstitucional en los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos no identificados de víctimas del conflicto armado en el Canal del Dique, la JEP ordenó al Ministerio de Transporte la constitución de una mesa interinstitucional de articulación integrada por el Ministerio de Transporte, ANI, la Cámara Colombiana de infraestructura, la UBPD, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el ICAN, así como la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías, la de comunidades negras, raizales y palenqueras y la autoridad de consulta previa del Ministerio del Interior, con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada ante la JEP, para que se elabore un protocolo de salvaguarda de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano, extensivo a futuras obras y proyectos en Colombia.

Al finalizar el evento la Procuraduría General de la Nación señaló que insistirá ante la magistratura para que se otorguen medidas de protección para los líderes, lideresas y representantes de la Ruta del Cimarronaje que denunciaron ante el Ministerio Publico amenazas en contra de su vida en razón al liderazgo que desempeñan.

También que la JEP le solicite a la UARIV un cronograma para la identificación de los sujetos colectivos que no se han determinado; se desarrollen jornadas pedagógicas y de acreditación para las víctimas de la Ruta del Cimarronaje y se incluya un módulo sobre el Canal del Dique en la Cátedra de Paz.