–Tres investigaciones disciplinarias contra un secretario y cinco exsecretarios de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por presuntas irregularidades en la ejecución de tres acciones administrativas abrió la Procuraduría General de la Nación.

En el primer caso, el ente de control investiga a Asvil Antonio Bryan Gómez (2021-2022) por presuntas inconsistencias de tipo presupuestal en el contrato suscrito con Recuperaciones Naranjo y Recycling SAS para la gestión integral de residuos especiales de la isla por valor de $4.623’333.330.

En un segundo proceso disciplinario, el ente de control abrió investigación contra María Paola Vélez Sosa (2018-2019) y Johan Andrés Mancilla Fayllance (2018-2019), por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas para la operación y mantenimiento de la planta desalinizadora del departamento.

La tercera investigación se adelanta contra Jenyffer Indira Villalba (2018-2019), María Paola Vélez Sosa (2018-2019) y Johan Andrés Mancilla Fayllance (2018-2019), por presuntas inconsistencias en la contratación adelantada con los recursos transferidos los últimos cuatro años por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S. A. (Sopesa), que debieron destinarse a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

Finalmente, el Ministerio Público remitirá copia del expediente a la Procuraduría delegada competente, lo referido a las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el subdirector de Calidad y Ordenamiento Ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), Roberto Hudgson Reeves.

La Procuraduría Regional de Instrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adelanta estas actuaciones con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. Los implicados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.