–La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato de la autoridad indígena Yermy Chocué, quien era tesorera del Cabildo Indígena de Chimborazo, en el municipio de Morales, Cauca. De igual manera la Entidad envió un mensaje de condolencia y solidaridad a su familia y a su comunidad.

Tras el rechazo de acciones violentas como la ocurrida en el Cauca, desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado a los actores armados para que respeten la vida y los derechos humanos de la población indígena.

En el más reciente Informe Defensorial sobre los Riesgos de Lideresas Sociales y Defensoras de Derechos Humanos presentado en el departamento del Cauca, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la intensificación de la violencia contra ellas.

De la misma manera, en los últimos informes de seguimiento a las Alertas Tempranas emitidas para la región, se advirtió el peligro que corren las autoridades indígenas de las comunidades del municipio de Morales y sus zonas aledañas.

La Defensoría reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que tengan gestos de paz y buena voluntad con referencia a los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Nacional para adelantar un proceso que termine en alcanzar la Paz Total para el país.

Además, La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades regionales y nacionales, entre ellas, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Gobernación del Cauca, a dar observancia a las recomendaciones de las Alertas Tempranas vigentes para el departamento.

La Defensoría también rechazó el asesinato de Jonás Carabalí, presidente del Consejo Comunitario Afro del corregimiento Jardines de Sucumbíos, en Ipiales, Nariño.

“Nos solidarizamos con su familia y exigimos a los grupos armados ilegales dejar fuera del conflicto a la población civil”, precisó.

Añadió que la violencia contra los líderes sociales impide la construcción de paz y la democracia.

Finalmente, reiteró a las autoridades las recomendaciones de la Alerta Temprana 022 de 2022, en la que se identifican riesgos para los pueblos indígenas y afro en Nariño.