–En el desarrollo de la audiencia citada por la JEP para realizar seguimiento a las medidas cautelares en 27 cementerios de Risaralda y Quindío en los que habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas, la Procuraduría General de la Nación advirtió la necesidad de adelantar gestiones para evitar la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional por el incumplimiento sistemático de los deberes adquiridos frente a las víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada.

El Ministerio Público recordó que el estado de cosas inconstitucional se presenta ante una violación masiva, generalizada, sistemática y estructural de los derechos fundamentales, el cual implica la adopción de medidas estructurales que permitan superar dicha vulneración, así como un seguimiento permanente de su implementación a cargo de las autoridades judiciales y los órganos de control.

Durante su intervención, el Procurador Delegado ante la JEP, Jairo Acosta, indicó que, ante las deficiencias evidenciadas en la operación de los mecanismos propuestos a la fecha para avanzar con éxito en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, “mal pueden seguirse tramitando esas necesidades de una manera fragmentada, individual, focalizada en los territorios, ya que se rebasó la capacidad de respuesta de una audiencia de medida cautelar focalizada o territorializada”.

En este sentido, el representante del Ministerio Público le solicitó a la JEP, como medida de choque para evitar un estado de cosas inconstitucional, adelantar dos grandes audiencias; la primera con las autoridades responsables a nivel local (gobernaciones, alcaldías, entre otras) para realizar una valoración del nivel de cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en esta materia, y precisar qué falta por hacer en cada territorio.

La segunda audiencia con instituciones del nivel nacional comprometidas con el Sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas dadas como desaparecidas, con el propósito de establecer competencias, límites, canales de interacción y protocolos.

También solicitó que en esos espacios se definan protocolos de actuación para cada entidad, con el fin de evitar procesos fraccionados, así como pidió que se convoque al trámite a las autoridades del departamento del Valle Cauca, específicamente de los municipios de Trujillo y Riofrío, por ser fuente de información valiosa para el proceso de búsqueda.

Por lo demás, el representante de la Procuraduría calificó como grave y sintomático el bajo nivel de acreditación de las víctimas del conflicto ante la JEP en los departamentos del Eje Cafetero, ya que, según los datos de la entidad, tan solo se encuentran acreditadas 23 en Risaralda, ocho en Quindío y 61 en Caldas.