–La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra el destituido presidente Pedro Castillo y el exprimer ministro Aníbal Torres. La solicitud fue presentada ante el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkleyde, después de formalizar la investigación preparatoria contra los acusados.

Actualmente, Castillo se encuentra bajo custodia judicial, mientras que Torres permanece en paradero desconocido.

La víspera, un tribunal de apelaciones declaró infundada la petición que hizo Castillo para que se revocara la orden judicial que lo privó de su libertad.

El juez César San Martín decidió, tras una audiencia virtual, “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el 7 de diciembre.

El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga, ya que Castillo intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.

Castillo permanecerá detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) al este de Lima hasta este miércoles 14 de diciembre, fecha en que se cumple el plazo de detención preliminar.

La resolución judicial abre la vía a la Fiscalía para presentar un pedido de prisión preventiva contra el exmandatario izquierdista por un plazo mayor de tiempo.

Mientras tanto, persisten violentas manifestaciones contra Boluarte y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según un balance de la Policía.

En Lima, las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes a un “paro indefinido” en demanda de elecciones generales. Su repercusión se desconoce aún, pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano. El Aeropuerto de Cusco fue cerrado desde el 12 de diciembre luego de que manifestantes intentaran tomarlo.

Además, un grupo de unas 100 personas tomó este martes la planta compresora de gas natural Kámani. La Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de trasladar aproximadamente el 96 % del gas natural que produce el país, informó a través de un comunicado que los grupos de manifestantes forzaron los accesos de la planta, donde circulan hidrocarburos a alta presión, y alertó que “cualquier atentado a esta infraestructura puede poner en grave riesgo la integridad” de las personas presentes.

También en Cusco, la sede de uno de los principales medios de comunicación locales fue vandalizada. Los manifestantes dañaron la fachada del edificio, rompieron algunas ventanas e incluso lograron acceder al interior de las instalaciones.

Al respecto, Castillo, a través de una carta publicada en su cuenta en Twitter, exhortó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a “deponer las armas”, a fin de “parar el derramamiento de sangre” del pueblo.

Frente a las concentraciones de miles de personas que piden liberar a Castillo, disolver el Parlamento y convocar una Asamblea Constituyente para reformar el Estado, Bolearte convocó de manera urgente al Consejo de Estado. Al mismo tiempo, la política aseveró que la fuerza pública no utilizará armas letales contra la población, “ni siquiera de perdigones de goma”.

A su tujrno, el ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola, anunció anoche la declaratoria de emergencia de todas las carreteras del país, la protección por parte de las Fuerzas Armadas de activos estratégicos, y la declaratoria en emergencia de las regiones de Arequipa e Ica en su totalidad. (Con información de RT y DW).