–Los exjefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, se declararon en contra de la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de liberar a integrantes de la llamada “primera línea”, involucrados en acciones de vandalismo y otros “delitos comunes contra servidores públicos y contra la vida, la propiedad y bienes de la nación”.

Son 20 los exmandatarios que firman la declración, en la cual hacen las siguientes precisiones:

-La defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos.

El ordenado funcionamiento de los poderes conformados independientemente reconoce las potestades que distintas constituciones de la región conceden a los jefes de Estado para otorgar indultos, a los poderes legislativos para acordar amnistías y, por supuesto a los poderes judiciales para impartir Justicia.

Bajo esa premisa, preocupa que el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia. Para conseguir ese objetivo planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que sólo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz.

De ser así, se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia, elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente.

Por ese motivo, respaldamos las preocupaciones por varias autoridades judiciales de Colombia a través de los medios de comunicación social y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en
Colombia.

En tal orden, los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben hacen propio el pronunciamiento que en materia tan delicada ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú en 2018, a saber “que un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.

De donde “existe una tendencia creciente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional respecto a limitar que las condenas impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean
perdonadas o extinguidas por decisiones discrecionales de los Poderes Ejecutivo o Legislativo”.

Diciembre 13, 2022

-José María Aznar, España
-Nicolás Ardito Barletta, Panamá
-Felipe Calderón, México
-Alfredo Cristiani, El Salvador
-Iván Duque M, Colombia
-Federico Franco, Paraguay
-Vicente Fox Q., México
-Eduardo Frei T., Chile
-Lucio Gutiérrez, Ecuador
-Osvaldo Hurtado, Ecuador
-Luis Alberto Lacalle H, Uruguay
-Mauricio Macri, Argentina
-Jamil Mahuad W., Ecuador
-Carlos Mesa G., Bolivia
-Mireya Moscoso, Panamá
-Andrés Pastrana, Colombia
-Sebastián Piñera, Chile
-Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
-Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
-Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

El presidente Gustavo Petro respondió: