El Ejército de Liberación Nacional (ELN) debe dar muestras genuinas de paz, dijo este jueves la Defensoría del Pueblo de Colombia, al tiempo que rechazó el “paro armado” anunciado por esa guerrilla en zonas de “alivios humanitarios”.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que el país requiere de “gestos inequívocos, de gestos genuinos de paz” de parte de los grupos armados ilegales y en “particular al ELN” porque “ellos se comprometieron a no desplegar acciones contra la población civil” luego de finalizar el primer ciclo de negociaciones y de diálogos en Caracas, para dos días después anunciar un paro armado.

Durante la conmemoración de los 30 años de la Defensoría, Camargo también pidió la suspensión inmediata de cualquier acción “armada en contra de la población civil”.

Varias comunidades del departamento del Chocó (oeste) alertaron el miércoles sobre el “grave riesgo” que enfrentan por la incursión de grupos ilegales y enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, así como por un “paro armado”.

Uno de los primeros acuerdos de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN en Venezuela es “un sistema de alivios humanitarios para garantizar el retorno de población desplazada y poner fin a situaciones de confinamiento” en el Medio Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó) a partir de enero.

A propósito del anuncio de “paro armado” del frente occidental del ELN “Omar Gómez”, Camargo pidió al Comando Central de esa guerrilla un pronunciamiento para seguir generando confianza en torno al proceso de diálogo que se viene desarrollando.

En todo caso eso “debe ir acompañado de la cesación inmediata de cualquier acción armada en contra de la población civil”.

En ese sentido, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, rechazó la posibilidad de un paro armado, que supuestamente comenzó hoy, y dijo que el Gobierno ha “actuado bajo los mecanismos que tenemos con el ELN para que nos den una respuesta al respecto”.

En un “paro armado” la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, así como cometer agresiones y proferir amenazas contra todo aquel que no cumpla estas normas.