Economía

Superfinanciera ordenó a la sociedad Calcapital S.A.S. suspender operaciones de captación no autorizada de dineros del público

–Suspender de manera inmediata las actividades de captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público, ordenó la Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– a la sociedad denominada Calcapital S.A.S., domiciliada en Duitama, Boyacá, y cuyo representante legal es Javier Alexander Calderón Gil.

La medida, adoptada mediante la Resolución 1965 del 29 de diciembre del 2022, ordenó además realizar de forma inmediata la devolución de los recursos que fueron captados de manera ilegal e imposibilita a la mencionada sociedad y a su representante legal para realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva y mediante cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

Esta Superintendencia estableció que, dicha sociedad, en la ejecución de “Contratos de anticresis” asumió pasivos con al menos 72 personas, con quienes se comprometió a devolver al vencimiento del contrato la suma inicialmente recibida de cada uno de ellos.

Adicional a las obligaciones asumidas en desarrollo de estos contratos, la sociedad celebró con al menos una persona, un contrato de “Inversión de capital”, por medio del cual obtuvo recursos que se comprometía a devolver y que serían usados para supuestamente desarrollar actividades de construcción, por lo que decía reconocer una tasa de interés del 4.2% mensual durante el tiempo de duración del contrato, la cual se pagaría de forma independiente a los resultados de las actividades de construcción inmobiliaria.

Bajo dichas modalidades contractuales, Calcapital S.A.S. asumió pasivos con terceros sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio, suscribiendo 89 contratos entre 2020 y 2022 con 73 personas por un valor total de $1.878.500.000.

La SFC remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades, para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.