-Reporta 244 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales durante el 2022; 78 mil 154 personas desplazadas y 108 mil 665 confinadas.

–Por positivos que puedan ser algunos de los acontecimientos recientes, la violencia sigue siendo, sin duda alguna, la mayor amenaza para la consolidación de la paz en Colombia, advierte el secretario General de la ONU, Antonio Gutierres en el último informe sobre la Misión de Verificación en Colombia, que abarca el período del 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2022, y el cual será presentado por el Representante Especial Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo miércoles 11 de enero.

Según el documento, la violencia en Colombia contra comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos continúa siendo motivo de gran preocupación, especialmente en departamentos priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

Advierte, de otro lado, que Colombia sigue siendo uno de los países más afectados por la presencia de artefactos explosivos. Entre enero y noviembre de 2022 Descontamina Colombia, autoridad nacional de acción contra las minas, registró 104 víctimas (98 supervivientes y 6 víctimas mortales) —entre ellas 8 niños y 26 miembros de minorías étnicas—, frente a las 157 registradas en 2021.

Reseña que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibió denuncias de 244 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales durante el 2022 (101 verificados, 25 en proceso de verificación y 118 considerados no concluyentes).

Los líderes más afectados por la violencia han sido indígenas, afrocolombianos y miembros de juntas de acción comunal, añade.

Las regiones históricamente afectadas por una presencia del Estado limitada, como Arauca, el sur de Bolívar, el Chocó y el Putumayo, siguieron sufriendo los actos violentos de actores armados ilegales. Por ejemplo, en noviembre murieron 18 combatientes en un único enfrentamiento entre dos grupos disidentes de las antiguas FARC-EP en el Putumayo, que también ocasionó el desplazamiento de decenas de miembros de las comunidades locales. Prosiguieron asimismo los ataques contra la Fuerza Pública, como demuestra el asesinato de seis soldados cometido en el Cauca en diciembre por un grupo disidente de las antiguas FARC-EP.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre enero y noviembre de 2022 fueron desplazadas a la fuerza 78.154 personas y otras 108.665 fueron confinadas, lo que supone un aumento del 65 % respecto a 2021.

A lo largo del año, los departamentos del Cauca, el Chocó, Nariño y el Valle del Cauca, ubicados en la costa del Pacífico, concentraron el mayor número de civiles afectados, y la cifra de víctimas de comunidades indígenas y afrocolombianas fue particularmente elevada.

No obstante, destaca, la Oficina reportó también una disminución del 31 % del número de civiles desplazados (11.966) y confinados (12.634) en septiembre y octubre (frente a las 35.800 víctimas registradas en julio y agosto), lo cual coincide con los esfuerzos del Gobierno de dialogar con diferentes actores armados.

Estos son otros apartes fundamentales del informe:

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró 17 asesinatos a gran escala (7 verificados, 8 en proceso de verificación y 2 no concluyentes), con lo que en 2022 ya se han reportado en total 127 (81 verificados, 17 en proceso de verificación y 29 no concluyentes).

Los casos verificados en 2022 se saldaron con 282 muertos (incluidas 28 mujeres), de los que 27 pertenecían a comunidades étnicas (23 eran indígenas y 4 afrocolombianos). La mayoría de los casos se registraron en los departamentos de Antioquia, el Atlántico, el Cauca, Nariño y el Valle del Cauca.

La Misión registró el asesinato de 12 excombatientes (todos ellos hombres), cifra inferior a la del trimestre anterior, cuando registró 16. En 2022 han sido asesinados en total 50 excombatientes (incluida 1 mujer), cifra que supone una disminución del 7,4 % con respecto a 2021.

Este año, la mayoría de los asesinatos se concentraron en los departamentos de Antioquia, el Caquetá, el Cauca y el Putumayo, lo que reafirma que es urgente adoptar medidas específicas en estas regiones, algo que el Gobierno ha priorizado como parte de sus esfuerzos de seguridad.

Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 355 asesinatos de excombatientes (entre ellos 11 mujeres, 48 afrocolombianos y 33 indígenas); ha habido 110 víctimas de intento de homicidio (incluidas 8 mujeres) y 27
excombatientes han sido dados por desaparecidos (todos ellos hombres).

Pese a que las cifras de asesinatos vuelven a descender por tercer año consecutivo, la situación de las amenazas contra excombatientes sigue siendo grave, como demuestra el número de traslados de emergencia a los que prestó apoyo la Unidad Nacional de Protección, que aumentó un 65 %, pasando de 125 en 2021 a 206 en 2022.

La violencia contra las mujeres excombatientes sigue siendo motivo de gran preocupación. En octubre, la excombatiente y excandidata del partido Comunes al Senado Luz Marina Giraldo y su familia se vieron obligadas a abandonar el Meta después de recibir amenazas y de que su escolta fuera objeto de actos de intimidación.

Giraldo es la viuda de Alexander Parra, exlíder de las FARC-EP asesinado en ese departamento en 2019.

La violencia contra civiles, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos siguió siendo motivo de gran preocupación, especialmente en los departamentos priorizados para la implementación del Acuerdo Final.

En el período sobre el que se informa, el ACNUDH recibió denuncias de 53 asesinatos de defensores de los derechos humanos (de los cuales 14 han sido verificados, 24 están en proceso de verificación y 15 fueron no concluyentes).

A lo largo del año, el ACNUDH recibió informes de 244 presuntos asesinatos de defensores de los derechos humanos (de los cuales 101 han sido verificados, 25 están en proceso de verificación y 118 fueron considerados no concluyentes).

Entre las víctimas de los casos verificados y en proceso de verificación figuran 8 mujeres, 26 indígenas, 14
afrocolombianos y 1 líder LGBTI. La mayoría de los asesinatos se concentraron en los departamentos de Arauca, el Cauca, Nariño y el Putumayo.

Según el ACNUDH, los líderes que sufrieron más ataques en 2022 fueron líderes indígenas y afrocolombianos y miembros de las juntas de acción comunal.

En el período sobre el que se informa se produjeron actos de violencia contra miembros de partidos políticos.

Cuatro miembros de la coalición gubernamental Pacto Histórico fueron asesinados en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Sucre.

En vista de la intensificación de la actividad política previa a las elecciones locales de octubre de 2023, es fundamental reactivar y usar plenamente el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política a fin de garantizar la seguridad de los miembros de todos los partidos políticos.

Ante la persistencia de la violencia en las regiones priorizadas para la implementación del Acuerdo Final, se han adoptado varias medidas para reforzar la seguridad en el marco del plan de emergencia del Gobierno.

Como parte de su implementación, se han establecido 202 puestos de mando unificado por la vida en 15 departamentos y 105 municipios, lo que ha llevado a la identificación de 500 medidas de protección, incluidas respuestas específicas para comunidades y excombatientes indígenas y afrocolombianos en los departamentos del Cauca, el Chocó, Nariño y Norte de Santander.

Las decisiones y acciones tomadas por el Gobierno en sus primeros cuatro meses incorporan pasos muy necesarios y nuevos enfoques dirigidos a detener el sufrimiento de las comunidades afectadas por el conflicto.

Dada la complejidad de la violencia que continúa, la política de “paz total” del Gobierno incluye adecuadamente vías diferenciadas para relacionarse con los numerosos actores que perpetran actos de violencia en todo el país. Ya hemos sido testigos de resultados positivos, que deben mantenerse, en algunas de las regiones más críticas, como Buenaventura.

Estos esfuerzos de diálogo, combinados con la implementación de disposiciones clave del Acuerdo Final, pueden reducir significativamente la violencia. Otro paso significativo en esa dirección sería la pronta aprobación e implementación de la tan esperada política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las
organizaciones criminales que se está diseñando en el seno de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

La reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN es alentadora. He reiterado mi apoyo a este proceso por medio de mi Representante Especial y mantendré al Consejo de Seguridad al tanto de los desarrollos relevantes a medida que avancen estas importantes conversaciones.

Transcurridos más de 100 días del nuevo Gobierno, varios acontecimientos descritos en el presente informe hablan de su determinación de avanzar hacia la consolidación de la paz en Colombia.

Me complace que la implementación integral del Acuerdo Final esté en el centro de sus esfuerzos. Un claro reflejo de ello son las recientes y audaces acciones del Gobierno para fortalecer la implementación de los puntos del Acuerdo con mayor potencial para transformar positivamente la realidad en regiones que han soportado durante décadas la dureza del conflicto.

En este sentido, me alienta el acercamiento del Gobierno a las poblaciones rurales y el acuerdo al que llegó con la Federación Colombiana de Ganaderos para la compra de tierras destinadas a la reforma rural integral. Es una clara demostración de que todos los sectores de la sociedad colombiana pueden y deben contribuir significativamente a la implementación del Acuerdo Final. También celebro que el Gobierno y el Congreso hayan aumentado los recursos en el presupuesto nacional para 2023 para ámbitos como la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos.

Saludo además los esfuerzos del Congreso para aprobar legislación clave pendiente relacionada con la paz.

Las comunidades de todo el país, incluidas las afectadas por el conflicto, las organizaciones de mujeres, los pueblos indígenas y afrocolombianos y los exmiembros de las FARC-EP, participaron activamente en los espacios de diálogo liderados por el Gobierno para informar el diseño del Plan Nacional de Desarrollo.

Confío en que este proceso participativo contribuya a que este instrumento, que orientará las políticas públicas de los próximos cuatro años, incorpore medidas concretas encaminadas a satisfacer sus expectativas de paz y desarrollo, así como a la implementación del Acuerdo Final.

El diálogo constructivo sigue siendo esencial para avanzar en la implementación del Acuerdo Final. Por ello, acojo con beneplácito las recientes demostraciones del compromiso de las partes de trabajar juntas hacia ese objetivo. La reanudación de las sesiones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y de otros foros creados por el Acuerdo para abordar cuestiones fundamentales, como la implementación de sus disposiciones en materia de género y asuntos étnicos, es una buena señal.

Confío en que las partes harán pleno uso de estos mecanismos.

Durante los últimos seis años, el proceso de reincorporación ha demostrado lo importante que es que las partes trabajen mancomunadamente para cumplir sus respectivas obligaciones y alcanzar objetivos comunes. Por ello, acojo con satisfacción la reciente reactivación del Consejo Nacional de Reincorporación y espero que continúe la cooperación entre el Gobierno y los representantes de los excombatientes para actuar de acuerdo con su responsabilidad compartida de garantizar el éxito a largo plazo del proceso de reincorporación.

La reciente designación por el Gobierno de una nueva Directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización es otro paso positivo; la Misión está lista para trabajar junto con la nueva Directora y para seguir apoyando el proceso de reincorporación.

Durante estos primeros meses del nuevo Gobierno, el plan de emergencia y los puestos de mando unificado por la vida han contribuido a reforzar la coordinación entre el Gobierno y las autoridades locales para implementar iniciativas de prevención y protección e incluir las perspectivas de los beneficiarios en los planes institucionales.

Con el fin de armonizar esfuerzos institucionales fragmentados y fortalecer respuestas específicas para cada contexto, el Gobierno anunció ajustes en el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno también anunció su decisión de aumentar el personal de policía dedicado a la prevención, la protección y la investigación de casos de ataques contra excombatientes y líderes sociales. Además, los Ministerios del Interior y de Defensa han incorporado al plan de emergencia medidas para reforzar el despliegue de la Fuerza Pública en las nuevas áreas de reincorporación situadas fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. La Misión está acompañando al Gobierno y haciendo un seguimiento de la implementación de estas cruciales medidas.

Avances en los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz

Como paso previo a la imposición de sanciones propias, la Jurisdicción Especial para la Paz expidió recientemente resoluciones de conclusiones en el caso 01, sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP, y en el caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado en relación con crímenes cometidos en Norte de Santander y la región del Caribe, con lo que concluyó la fase de investigación.

La Jurisdicción Especial tiene un plazo de seis meses a partir de esas resoluciones para dictar una sentencia definitiva —susceptible de ser recurrida en apelación— que será la primera sanción propia que emita en cada caso.

En esas resoluciones se determinó que 7 antiguos altos mandos de las FARC-EP, 22 miembros del Ejército (entre ellos 1 exgeneral y 5 coroneles) y 1 civil cumplen las condiciones para que se les impongan sanciones propias, ya que reconocieron verdad y responsabilidad de manera exhaustiva, detallada y plena, como exige el Acuerdo Final.

Las resoluciones incluyen además varias propuestas de trabajos, obras o actividades de contenido reparador y restaurador diseñadas mediante procesos participativos en los que los imputados hicieron propuestas y recibieron
observaciones de las víctimas y de la Procuraduría General. En el caso 03, las propuestas restaurativas incluyen la construcción de parques conmemorativos, medidas para restablecer el buen nombre de las víctimas y de sus comunidades, incluidas las comunidades indígenas, y para fortalecer las organizaciones de víctimas, y acciones de reforestación y recuperación de cuencas hidrográficas para reparar el daño ecológico causado a los territorios indígenas.

En el caso 01, las propuestas se refieren a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la acción contra las
minas, la restauración del medio ambiente y actividades para preservar la memoria histórica. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que considerar ahora si incluye estas propuestas en el componente restaurativo de las sanciones que imponga.

Es importante señalar que las recomendaciones de las resoluciones se centraron principalmente en el componente restaurativo de las sanciones. Se hicieron algunas referencias a su componente retributivo, a saber, la restricción de derechos y libertades de las personas imputadas. Aunque estos aspectos están aún por decidir, en la resolución emitida en el caso 01, por ejemplo, se recomendó que las sanciones tengan en cuenta el proceso de reincorporación en curso de las personas imputadas, incluida su participación política, y también se destacó que es primordial que haya condiciones de seguridad adecuadas. En cuanto al caso 03, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá determinar, al imponer la sanción, si toma en cuenta el tiempo ya cumplido en prisión por los miembros de la Fuerza Pública que fueron condenados por los mismos crímenes en la justicia ordinaria.

En el marco del caso 03 y del caso 04, sobre la situación de la región de Urabá, 28 miembros del Ejército (incluidos 1 antiguo mayor general y 3 coroneles), 2 civiles y 1 agente del Estado no combatiente reconocieron su responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Dabeiba (Antioquia) y en el
departamento del Casanare. Estas personas tendrán que comparecer en 2023 en audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Otros 4 excoroneles acusados de los mismos crímenes no reconocieron verdad ni
responsabilidad y fueron remitidos al proceso adversarial.

En el informe, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, afirma que durante los primeros meses de su administración, el nuevo gobierno ha dado pasos que atestiguan su determinación de avanzar hacia la consolidación de la paz en Colombia. “Me complace que la implementación integral del Acuerdo Final esté en el centro de sus esfuerzos”, afirma el Secretario General.

Para el Secretario General es alentador el acercamiento del Gobierno con las comunidades rurales y el acuerdo al que llegó con la Federación de Ganaderos para la compra de tierras destinadas a la reforma rural integral.

“Es una clara demostración de que todos los sectores de la sociedad colombiana pueden y deben contribuir significativamente a la implementación del Acuerdo Final”.

Asimismo, el Secretario General destaca la participación de comunidades, incluyendo aquellas afectadas por el conflicto y de los exmiembros de las FARC-EP, en los diálogos para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, y confía en que “este instrumento, que guiará las políticas públicas por los siguientes cuatro años, incorpore medidas concretas orientadas a cumplir con sus expectativas de paz y desarrollo, y a la implementación del Acuerdo Final”.

El Secretario General afirma que es esencial que las partes mantengan un diálogo constructivo para avanzar en la implementación. En ese sentido, acoge con beneplácito la reanudación de las sesiones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final y otras instancias del Acuerdo para abordar cuestiones clave como los enfoques étnicos y de género.

En su informe, el Secretario General señala que la perspectiva integral del Gobierno para la implementación de la paz debería ser un impulso para el proceso de reincorporación de más de 13.000 hombres y mujeres excombatientes que siguen comprometidos con la paz. Como un hecho positivo, el Secretario General destaca la reciente reactivación del Consejo Nacional de Reincorporación y el nombramiento de una nueva directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y confía en la cooperación entre el Gobierno y los representantes de excombatientes para que actúen de acuerdo con su responsabilidad compartida de garantizar el éxito a largo plazo del proceso de reincorporación. A la fecha, el 75% de las y los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos colectivos e individuales. A pesar de que el 84% de las mujeres excombatientes participa en proyectos productivos, muchas siguen enfrentando retos para participar activamente en la toma de decisiones.

El jefe de la ONU asegura que “el proceso de paz de Colombia se encuentra en una nueva fase dinámica que merece un firme apoyo internacional. Me alientan la determinación de las partes de dar un nuevo impulso a la implementación y los incesantes esfuerzos desplegados por toda la sociedad colombiana para lograr ese objetivo”.

Y concluye: “Es un honor para las Naciones Unidas seguir trabajando junto a los colombianos y las colombianas en este alentador momento de oportunidades para consolidar la paz”.