La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres de los señalados implicados en las maniobras ilícitas detectadas en el millonario contrato suscrito entre Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), con el propósito de llevar internet a las escuelas rurales del país.

De acuerdo con el material de prueba, el empresario Ottomar José Lascarro Torres y el corredor de seguros Juan José Laverde Martínez serían responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado; mientras que Juan Carlos Cáceres Bayona estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción permitió establecer que Laverde Martínez habría servido como intermediario para que Lascarro Torres prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad.

De esta manera, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios del MinTic que expidieron la resolución de adjudicación del contrato y avalaron el giro de un anticipo por 70.000 millones de pesos.

La evidencia da cuenta de que parte de estos dineros fue destinada a otros asuntos que no correspondían al objeto de contrato. Por una parte, 9.062 millones de pesos, al parecer, fueron destinados por Cáceres Bayona para comprar inmuebles, vehículos y préstamos a terceros; mientras que 300.000 dólares, presuntamente, los usó Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez.