Vía decreto, el presidente Gustavo Petro, determinó reanudar operaciones militares ofensivas y operativos militares contra los integrantes de la guerrilla activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes se busca un acuerdo de paz.

En medio de un proceso de conversación entre la guerrilla del ELN y la Casa de Nariño, Petro consideró suspender el cese al fuego bilateral debido a diferencias con la mesa de negociación.

Tras ganar las elecciones presidenciales en junio de 2022, el mandatario colombiano convirtió la promesa de alcanzar la paz con los grupos armados aún activos en el país en uno de los principales proyectos de su programa de gobierno, y efectivamente se han llevado a cabo varias mesas con el ELN en busca de ese objetivo.

Sin embargo, ni el Gobierno ni la guerrilla han alcanzado acuerdos consolidados en el proceso de pacificación de país, que ha encarado la presencia de grupos armados rebeldes durante décadas, con el principal foco en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmantes de acuerdos de paz con las autoridades en 2016.

En un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional consideró que el cese al fuego decretado por Petro el 31 de diciembre de 2022, que estaría vigente seis meses, fue una medida irrespetuosa de los temas y procedimientos acordados en las conversaciones, desarrolladas en Caracas, Venezuela.

«El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos, y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN», advirtió la fuerza guerrillera el 9 de enero.

El martes 10 de enero, un día después de la expresión de descontento del ELN, la revista colombiana Semana divulgó un decreto presidencial que suspende la determinación del cese al fuego y ordena la reactivación de acciones contra la fuerza rebelde.

«Se continuará con el cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional», emite el documento.