Miles de personas marcharon el jueves por las calles de Lima demandando la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, en la primera protesta multitudinaria en la capital de Perú en semanas en medio de una ola de disturbios que han dejado 42 muertos en choques con las fuerzas de seguridad.

Cargando ataúdes de cartón, fotos de las víctimas y cárteles con mensajes en contra del Gobierno, los manifestantes gritaban «Dina asesina», en una de la mayores crisis políticas que amenazan la estabilidad democrática en el país minero.

La marcha en Lima, que se desarrollaba sin incidentes con la policía, fue organizada por sindicatos y partidos de izquierda.

Las protestas estallaron poco después de la destitución y arresto del presidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.

El primer ministro, Alberto Otárola, reafirmó horas antes de la marcha, en una conferencia, que la presidenta Boluarte no renunciará y que esperan las elecciones anticipadas propuestas para abril del 2024, dos años antes de lo previsto.

«La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión que se ha dado se afiance. Dejar la presidencia sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno», afirmó.

Los disturbios se han centrado en las regiones del sur de Perú, históricamente votantes de izquierda, piden además de una nueva Constitución la libertad de Castillo, que cumple prisión preventiva acusado de «rebelión», que el exmandatario niega.

Horas antes del inicio de la marcha en Lima, el Congreso aprobó conformar una comisión especial para investigar las decenas de muertes, entre ellos un policía, como producto de fuertes choques ocurridos principalmente en el sur de la nación andina.

El martes, la fiscalía abrió una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.

«Quisiéramos que también con la misma premura la Fiscalía de la Nación diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los aeropuertos», dijo al respecto el primer ministro Otárola.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. El ejército dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino de Perú, han usado armas y explosivos caseros.

En la nación andina, la furia de los peruanos ha aflorado desde hace tiempo en medio de denuncias de corrupción contra la mayoría de sus exmandatarios, generando constantes turbulencias políticas para tener seis presidentes en los últimos cinco años. Reuters